El PSOE recurre ante el TC la indemnización a la plataforma Castor

El PSOE recurre a la vía judicial en el caso de la plataforma Castor. Los socialistas han presentado este viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto ley con el que el Gobierno aprobó abonar una indemnización de 1.350 millones de euros a la constructora ACS -propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez- y a otras sociedades, por haber paralizado las actividades de la plataforma gasística Castor, después de que esta causara movimientos sísmicos en la costa mediterránea. Una indemnización que aprobó en su día un ejecutivo socialista, en época de José Luis Rodríguez Zapatero.

En su recurso, el PSOE argumenta que seis artículos del Decreto ley 13/2014, por el que se aprobó el pago de la indemnización, "exceden ampliamente", lo que establece la jurisprudencia del propio TC en materia de "adecuación constitucional de las leyes singulares", y que el texto defiende "un interés particular en lugar de un interés general".

Los socialistas añaden que el Gobierno ha "renunciado" a "imputar al concesionario cualquier responsabilidad en lo sucedido en el almacenamiento y puesta en servicio" de la plataforma, y que la polémica instalación gasística "no se ha llegado a entregar en condiciones de operación", por lo que no cabe pagar una indemnización al concesionario.

El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha añadido, además, que el Gobierno "se ha sacado de la manga" la cantidad a pagar por la indemnización, y que ni siquiera "ha mirado la factura".

Un proyecto de Zapatero

El proyecto Castor, un almacén submarino de gas inyectado a presión frente a las costas de Castellón, lo aprobó en 2008 el Gobierno Zapatero, incluyendo una cláusula que garantizaba una indemnización a sus impulsores si este debía cancelarse por dolo o negligencia. El Tribunal Supremo rechazó anular esta cláusula en 2012.

El Ejecutivo decidió paralizar las inyecciones de gas en septiembre de 2013, tras registrarse unos 500 movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona, y aprobó cerrar definitivamente la instalación e indemnizar a sus impulsores en octubre de este año, mediante el decreto que ahora ha recurrido el PSOE.

Este no será, el único recurso contra la indemnización por el cierre de la plataforma Castor ante el TC. En noviembre, el Parlamento autonómico catalán ya inició, a propuesta del grupo de ERC, los trámites para interponer un recurso de la propia Cámara ante el Alto Tribunal.