La Fiscalía ha archivado la denuncia que varias entidades presentaron a raíz de una serie de tuits donde se equiparaba el independentismo y al presidente de la Generalidad con el nazismo.

En el escrito de la Fiscalía se consideran estas declaraciones públicas como “profundamente reprobables” pero se añade también que no suponen una una incitación directa a la violencia o la discriminación ni obedecen a una campaña organizada.

La denuncia fue presentada por la Comisión de la Dignidad, la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos y la Fundació Cataluña, que llevaron al ministerio público una recopilación de tuits con imágenes, caricaturas y fotomontajes en los cuales se comparaba el nazismo con personas que promueven la independencia.

El fiscal, sin embargo, ha descartado que esos tuits puedan constituir un delito de difusión de ideas que justifican el genocidio, ya que ello requiere que su difusión "implique un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que pueda concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación”.

Debe primar el derecho a la libertad de expresión

En el escrito presentado por la fiscalía también se ha querido subrayar que, en los casos de duda, debe primar el derecho a la libertad de expresión e ideológica, ya que constituye "una de las más acusadas señas de identidad de la sociedad democrática".

Asimismo, el fiscal ha manifestado que los tuits denunciados son "una suma simultánea, masiva, no concertada de mensajes individuales" en los que no se observa "una estructura mínimamente organizativa previamente concertada de medios materiales o de personas que haya podido diseñar u orquestar una campaña con una clara intención unitaria (…)".

En su decreto de archivo, el fiscal también ha señalado que la Constitución española no impone "un modelo de democracia militante" y ha recordado que la Decisión Marco de la Unión Europea relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia no es aplicable directamente al ordenamiento jurídico español, sino que precisa una "trasposición expresa" al código penal.

Una transposición que, a día de hoy y como ha destacado el ministerio público, no ha sido realizada por el poder legislativo.