Torres-Dulce propone querellarse contra Mas, Ortega y Rigau por el 9N

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha sostenido que la acción penal por la celebración de la consulta alternativa del 9N debería dirigirse contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

Para el fiscal, los tres miembros del Gobierno autonómico habrían incurrido en los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales.

Crítico con el auto de la Fiscalía de Cataluña

En referencia al auto emitido por la Fiscalía de Cataluña alegando a las supuestas “lagunas” legales de la sentencia del Tribunal Constitucional para no tener que emprender acciones legales contra el presidente de la Generalidad, Torres-Dulce ha rebatido que la decisión del Alto Tribunal “no dejaba margen alguno a la duda”.

El fiscal ha considerado que era manifiesto que la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional afectaba a todas las actuaciones que contribuyeran a impulsar el denominado “proceso participativo”.

Una ‘consulta’ auspiciada y financiada por la Generalidad

Torres-Dulce comienza su nota señalando que la consulta secesionista fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de la web ‘Participa’ que el Gobierno de Artur Mas promocionó.

El Fiscal ha afirmado también que el Gobierno de Mas "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC”.

La cúpula de la Fiscalía se encuentra ahora reunida para discutir la orden definitiva de la presentación de la querella.