Instalación de la plataforma Castor
Política
El Parlamento autonómico llevará al TC la indemnización a Castor
La decisión final la tomará el pleno, que previsiblemente aprobará presentar el recurso con el voto a favor de todos los grupos salvo el PP.
18 noviembre, 2014 16:47La polémica indemnización de 1.350 millones de euros pagada por el Gobierno a la constructora ACS -propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez- y a otras sociedades, por haber paralizado las actividades de la plataforma gasística Castor, después de que esta causara movimientos sísmicos en la costa mediterránea, llegará al Tribunal Constitucional (TC). De la mano de un actor inesperado a priori, el Parlamento autonómico de Cataluña.
La Mesa del Parlamento autonómico ha iniciado este martes, a propuesta del grupo de ERC, los trámites para interponer un recurso de la propia Cámara ante el TC contra el decreto de indemnización a los impulsores de la plataforma Castor.
El primer paso será solicitar el pertinente dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que evalúa la adecuación a la Constitución y el Estatuto de las actuaciones del Gobierno y el Parlamento autonómico. Posteriormente, y sea cual sea el dictamen -no es vinculante-, el pleno del Parlamento autonómico votará si elevar o no el recurso ante el Constitucional.
Previsiblemente, la decisión será favorable a presentar el recurso, teniendo en cuenta que el pleno del pasado jueves ya aprobó por muy amplia mayoría, con el voto a favor de todos los grupos salvo el PP, una moción que instaba al Gobierno autonómico a recurrir la indemnización a Castor.
Pagado por los consumidores
La indemnización abonada por el Gobierno a las empresas impulsoras de la plataforma Castor se recuperará del bolsillo de los ciudadanos. Concretamente, mediante un recargo en la factura del gas durante los próximos 30 años.
El proyecto Castor, un almacén submarino de gas inyectado a presión frente a las costas de Castellón, lo aprobó en 2008 el Gobierno Zapatero, incluyendo una cláusula que garantizaba una indemnización a sus impulsores si este debía cancelarse por dolo o negligencia. El Tribunal Supremo rechazó anular esta cláusula en 2012.
El Ejecutivo decidió paralizar las inyecciones de gas en septiembre de 2013, tras registrarse unos 500 movimientos sísmicos en las costas de Castellón y Tarragona, y aprobó cerrar definitivamente la instalación e indemnizar a sus impulsores en octubre de este año.
