La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido nuevamente objeto de críticas por el modo en que desde Moncloa se decidió afrontar la consulta secesionista del 9N.

Según informa José Alejandro Vara en Voz Pópuli, la críticas han venido del denominado “núcleo duro” de Rajoy -formado por los ministros Ana Pastor, José Manuel García-Margallo, José Manuel Soria y Jorge Fernández- que no entienden la forma en que se ha abordado esta crisis. Una crisis que han considerado ser de las de “mayor calado” desde la Transición.

Para este núcleo duro, también llamado G-4, haber delegado en la abogacía del Estado, el Constitucional y los fiscales toda la responsabilidad para encarar el desafío de la Generalidad ha sido un autentico desastre. Consideran que el escrito de la abogacía y la decisión provisional del Tribunal Constitucional no tuvo ningún efecto. Según continúa Alejandro Vara, el ministro Fernández Díaz “nunca hubiera dejado en manos de Torres Dulces una cuestión tan decisiva”.

Actuar con antelación

El denominado G-4 planteó adoptar medidas preventivas una vez que la Generalidad empezó a desarrollar los preparativos de la consulta secesionista. Entre estas medidas, se encontraban la de requisar las urnas cuando aún estaban en proceso de elaboración o la de interceptar las papeletas de votación. Todas ellas, medidas que finalmente no se han efectuado.

El “núcleo duro” ha reprobado esta falta de acción por parte del Gobierno para llevar a cabo las medidas necesarias para que se garantizara la ley, y han reprochado a Santamaría que ni siquiera obligara a la Generalidad a cerrar su web de promoción del 9N después de las dos decisiones del Alto Tribunal.

"Un desafío político de esa envergadura precisa respuestas políticas de mayor calado. No se puede dejar todo en manos de la abogacía del Estado. Es un error”, ha manifestado uno de los cuatros ministros.

La baja participación, como excusa

Los ministros también han criticado que Sáenz de Santamaría se haya escudado en la “baja participación” que ha tenido el denominado proceso participativo del 9N como argumento a favor de la postura mantenida por el Gobierno.

Para este “núcleo duro” del Gobierno, haber entrado a considerar el numero alto o bajo de participantes ha sido dar alas a los secesionistas porque, de algun modo, se estaría dando validez al referéndum: “¿Si el referéndum fue una charlotada, a qué viene contar el número de participantes?", fue el argumento eximido desde el Gobierno de Artur Mas.

Finalmente, estos ministros le piden a Rajoy que el Estado tenga más presencia en Cataluña porque -prosigue Alejandro Varas- “la todopoderosa vicepresidenta no ha logrado conducir con tino este peliagudo asunto.”