Salamanca Group, el grupo inversor británico que mantiene la concesión del Port Vell de Barcelona, donde planea construir una marina para yates de lujo de gran eslora, ha anunciado que estudia emprender "acciones legales" contra el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por haber lanzado acusaciones de que la operación esconde "blanqueo de dinero".
Las acusaciones las lanzó Alfonso el pasado lunes, cuando, en una entrevista a Catalunya Ràdio, se mostró convencido "al 100%" de que la construcción de Marina Port Vell "es una operación de blanqueo de dinero". En concreto, Alfonso mantuvo que el prestamo de 30 millones con el que el grupo inversor británico adquirió la concesión a su antiguo propietario, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), se originó a través de varias sociedades "pantalla", con sede en Malta y en el paraíso fiscal de las islas Caimán.
Salamanca Group no ha tardado en salir al paso de las declaraciones del director de la Oficina Antifraude. En un comunicado, el grupo inversor "rechaza contundentemente" las acusaciones, y precisa que "la utilización de estructuras corporativas y financieras complejas o sofisticadas" no es sinónimo de "algo ilegal o irregular", sino que constituye "la práctica habitual en el campo de las inversiones internacionales".
El grupo añade que las "inaceptables" palabras de Alfonso, además de que "dañan gravemente la reputación de una empresa que está realizando un enorme esfuerzo inversor en infraestructuras", también "infringen el propio estatuto" de la Oficina Antifraude, ya que esta "no tiene competencias para investigar este tipo de acusaciones y, además, tiene que mantener toda una estricta confidencialidad sobre sus actuaciones".
Habría infringido el estatuto del organismo
En concreto, Salamanca Group cita el artículo 81 de la ley autonómica de creación de la Oficina Antifraude, para recordar que "todos los procedimientos de este organismo deben llevarse a cabo con la máxima confidencialidad para evitar daños en las personas o entidades objeto de investigación y para preservar la eficacia del procedimiento", así como que los funcionarios del organismo "están obligados a guardar secreto sobre las actuaciones que desarrollan y, si contravienen esta norma, serán sometidos un procedimiento disciplinario".
De igual forma, Salamanca Group señala que la Oficina Antifraude "ha remitido el expediente" sobre Marina Port Vell "al Sepblac (Banco de España) porque, como se avanzó en su día, dicha oficina carece de competencias para analizar este tipo de operaciones por lo que las declaraciones del Director no pueden ser más que su opinión personal e infundada".
El Grupo inversor también especifica que, cuando se supo que el organismo que dirige Alfonso estaba investigando Marina Port Vell, ofreció "toda la colaboración y datos que considerara necesario" la Oficina Antifraude, sin esperar a que se los solicitaran.
La actuación de la Oficina antifrau ya se filtro hace unos meses en algunos medios de comunicación en los que se recogia que el dinero de la inversión en la infraestructura provenía de "paraísos fiscales de Chipre, las Cayman y las Islas Vírgenes", y que detrás de ella se encontraban "oligarcas rusos" vinculados "de manera directa o indirecta" a la petrolera Lukoil.
Fuentes de la empresa mantienen que el origen del dinero no presupone ninguna ilegalidad, y no ven diferencias legales si los inversores son de origen "ruso , qatarí o americano". Además se quejan de que conozcan las opiniones de la Oficina a traves de los medios de comunicación sin haber sido llamados a explicarse a pesar de haberse ofrecido para ello formalmente.