Los Mossos, preocupados por el "marco legal" del 9N

La Generalidad proclama que no tiene ninguna duda sobre la legalidad de las acciones que ha tomado -en contra de las órdenes expresas del Tribunal Constitucional- para preparar el sucedáneo de consulta secesionista de este domingo. Una tesis que no comparten los sindicatos de la policía autonómica, que han expresado su preocupación por la jornada del domingo, y que incluso pidieron por carta a la Generalidad un "informe jurídico" sobre el 9N.

En declaraciones este miércoles, el portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-CCOO) Toni Castejón manifestó su preocupación ante la disyuntiva que se presenta a los agentes: por una parte, no están dispuestos a hacer nada "ilegal" el 9N, como sería saltarse una resolución judicial. Por otra, tampoco querrían llevar a cabo alguna acción "impopular", como retirar las urnas del simulacro de consulta.

En esta línea, Castejón explicó al diario Ara que muchos agentes han verbalizado al sindicato su "inquietud" ante el 9N, y que les han pedido "asesoramiento" ante la hipótesis de que reciban de sus superiores órdenes "que puedan ser consideradas ilegales". "Los policias saben a qué hora entran el sábado y el domingo", ha explicado el portavoz sindical, en referencia al dispositivo especial ordenado por la Consejería de Interior, "pero no saben qué se les ordenará hacer", ha lamentado.

SPC preguntó por el "marco legislativo"

Sobre este dispositivo especial, otro sindicato del cuerpo autonómico, el Sindicat de Policies de Catalunya (SOPC), se dirigió por carta en su día al director general del cuerpo, Albert Batlle, para pedirle un "informe jurídico" sobre el "marco legal" del 9N, y del dispositivo policial ordenado por la Generalidad para ese día.

En la misiva, enviada el 20 de octubre, poco después de que Mas sustituyera el referéndum secesionista original del 9N -suspendido por el TC- por el simulacro de consulta -también suspendido, posteriormente, por el TC-, el sindicato explicaba que había recibido "consultas" de los agentes sobre el "marco legislativo" en el que se amparaba el nuevo 9N.

En este sentido, y recordando la suspensión del TC, el sindicato pedía un nuevo "informe jurídico respecto al marco legal" en el que se debía desarrollar el simulacro de consulta, y respecto a las "funciones que esté previsto que desarrollen los agentes" de la policía autonómica.

El sindicato concluía su misiva explicando que la "falta de información concreta" estaba creando "inseguridad jurídica" entre los agentes, que se preguntaban por las posibles "responsabilidades personales" que pudiera ocasionarles cumplir las "órdenes recibidas" por la dirección del cuerpo el 9N.