El presidente de la Generalidad, Artur Mas, está estudiando dotar de base legal la votación - llamada “proceso participativo” - del próximo 9 de noviembre unas horas antes de la misma con el objetivo de esquivar un más que posible veto del Estado.
Según informa El Periódico, esto sería lo acordado entre las fuerzas proconsulta para tratar de mantener el pacto inicial de una consulta sobre la secesión de Cataluña que el pasado diciembre anunciaron conjuntamente.
El presidente de la Generalidad lo comunicó así a sus socios en la reunión del pasado 9 de octubre en el Palau Robert cuando ya se daba por muerta la celebración del referéndum.
La legalidad de esta convocatoria se sustentaría bajo el título III de la Ley de Consultas del Parlamento autonómico referente a los procesos participativos y que no fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Mas quiere evitar a toda costa la impugnación
Lo que pretende Mas con su maniobra es impedir que el Gobierno de Mariano Rajoy pueda impugnar este nuevo formato de consulta secesionista.
Con la convocatoria en un tiempo muy breve a la celebración misma, el Gobierno no tendría el tiempo suficiente para llevarla ante el Tribunal Constitucional.
Para efectuar el nuevo formato de consulta Mas recurriría o bien al título III de la Ley de Consultas anteriormente citado o al Estatuto autonómico y a algunas leyes no recientes que desarrollan el concepto de participación del texto estatutario, que en su artículo 43 señala que “los poderes públicos han de promover la participación social en la elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas”.