La Agencia de Protección de Datos investiga a la ANC por el presunto uso irregular de información ideológica sobre los ciudadanos

La Agencia de Protección de Datos realizó el lunes pasado una inspección en la sede central de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), situada en la calle Marina de Barcelona, para recabar información sobre presuntas irregularidades en la gestión de los datos de ciudadanos que está recopilando de cara al 9N.

Las sospechas respecto a la entidad presidida por Carme Forcadell nacen de las diferentes denuncias recibidas tras la puesta en marcha de una campaña "puerta a puerta" junto a Òmnium Cultural para promocionar la secesión de Cataluña, y que disfrazan como si se tratase de una encuesta en la que recogen datos personales de los entrevistados.

Según publica este viernes El Mundo, el tratamiento de estos datos personales podrían estar siendo utilizados para otros fines contrarios a los informados.

Una web anónima filtró el listado de asociados

La ANC gestiona dos ficheros que, según la Ley Orgánica de Protección de Datos, se consideran de "alto nivel", puesto que en ellos se recogen datos sobre la posición ideológica y política de los encuestados en relación al referéndum independentista que los nacionalistas promueven para el 9 de noviembre y que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los denunciantes consideran que estas bases de datos no han sido protegidas con las medidas de seguridad que establece la ley, lo que habría podido poner en riesgo de "máxima vulnerabilidad" esta información, que afecta a miles de ciudadanos.

De hecho, cabe recordar que hace poco más de un mes, una web anónima filtró el listado de los 53.817 asociados a la ANC, incluyendo sus nombres completos y, en la mayoria de los casos, su DNI y el estado de pago de las cuotas a la entidad independentista.

Preocupados ante las posibles sanciones

Los responsables de la ANC están muy preocupados por esta investigación puesto que el uso incorrecto de datos personales implica sanciones económicas cercanas al millón de euros, una multa que podría afectar a la propia viabilidad de la organización.

Las denuncias habría partido de tanto de ciudadanos ajenos a la entidad como de miembros de las asambleas territoriales de la propia ANC.

Campaña de "coacción" e "identificación de desafectos"

Algunas entidades, como la Asociación por la Tolerancia, han denunciado que la 'Gigaencuesta' -que es como se denomina la reciente campaña "puerta a puerta"- "constituye una evidente coacción a domicilio contra la convivencia y ahonda de manera irresponsable en la fractura social que se vive en Cataluña".

Además, consideran que la campaña es "intimidatoria", supone un "inaudito acoso a domicilio" y puede significar la "identificación de desafectos" elaborando "un censo de disidentes, contrarios a la independencia", que se arriesgan a posibles "posteriores represalias".

Una lista de 'buenos catalanes' independentistas

En julio pasado, la ANC anunció que uno de sus objetivos inmediatos era el de "elaborar una base de datos de 2,5 millones de personas que afirmen que votarán 'sí' el 9 de noviembre".

La entidad justificó la creación de esta suerte de lista de 'buenos catalanes' para poderles "enviar mensajes en todo momento e informar con puntualidad, incluso cuando haya nuevas adversidades o se quiera impedir el ejercicio democrático del voto". Con ello pretendía tener "una capacidad de movilización, de respuesta rápida y de acción por todo el país [por Cataluña] que es imprescindible para garantizar un resultado claro y limpio".

Además, advertían de que la base de datos no sería "eliminada" hasta que "se haya conseguido el objetivo" de lograr "un Estado propio" para Cataluña. Y aseguraban que esos datos "nunca serán entregados a una empresa ni tendrán fines mercantiles ni partidistas" y que serían eliminados a petición del interesado.

Inspeccionada por Hacienda por supuestos ingresos irregulares

En cualquier caso, la investigación de la gestión de las bases de datos de la ANC es solo uno de los escándalos que afectan a la ANC. Sus finanzas también están bajo sospecha. De hecho, hace unos días trascendió que la Agencia Tributaria ha iniciado una inspección de sus cuentas, y habría solicitado a la entidad presidida por Forcadell toda la información fiscal de los cuatro últimos ejercicios.

Esta inspección se habría puesto en marcha poco después de que se conociera que la ANC no ha podido justificar unos ingresos de 1,5 millones de euros correspondientes al año 2013.