El presidente de la Generalitat, Artur Mas, está valorando la posibilidad de celebrar el 9 de noviembre un simulacro de referéndum secesionista organizado por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural con el apoyo externo y no oficial del Ejecutivo autonómico y de los ayuntamientos.

Esta sería la última de las ocurrencias del líder nacionalista para superar la suspensión del Tribunal Constitucional del 9N, según recogen este martes diversos medios. En concreto, La Vanguardia habla de una "consulta alternativa", mientras que El Periódico se refiere a una "sucedáneo de consulta" para calificar esta opción.

Similar a las consultas populares

Mas trataría de esta forma de cumplir su compromiso de que el 9 de noviembre se votará sobre "el futuro político de Cataluña", aunque este mismo martes reconoció la "incertidumbre" de su proyecto.

Los partidos promotores del 9N pretenden que esa votación sea algo más serio que los referéndums independentistas que, entre 2009 y 2011, se celebraron en más de 500 municipios de toda Cataluña -empezando por Arenys de Munt- organizados por entidades privadas. Aunque será difícil que lo consigan.

La clave: la participación

También están preocupados porque, ante un referéndum de ese tipo, la participación podría ser muy baja, lo que dejaría muy tocados a otros intentos posteriores de organizar una consula oficial.

Lo cierto es que en aquella ocasión, los referéndums se celebraron en 554 de los 947 municipios catalanes. En total, votaron 879.411 de las 4.884.446 personas convocadas, lo que supone un 18% de participación. Todo ello a pesar de que contaron un un apoyo institucional y mediático ilimitado (con una amplia promoción por parte de medios públicos y subvencionados, con llamamientos a votar por parte de los principales políticos y sindicatos, y con la cesión de todo tipo de materiales y espacios de la Generalitat). Repetir una participación similar, o incluso doblarla, sería un fracaso y deslegitimaría el proceso y el resultado.

Los temores por la participación

En los últimos tiempos, los promotores del 9N han reconocido en más de una ocasión su temor a una baja participación en una votación de este tipo causada por la abstención de los ciudadanos no nacionalistas y por la desmovilización de los independentistas ante una iniciativa no oficial.

El coordinador general de CDC, Josep Rull, apuntó en agosto de 2013 que una participación mínima exigible estaría en el 50% del censo. En cambio, la vicepresidenta de la Generalitat y dirigente de UDC, Joana Ortega, consideró que esta debería ser similar a la de las pasadas autonómicas, esto es, un 67,76%.

En una entrevista realizada en octubre de 2012, el periodista Josep Cuní advirtió a Mas de la facilidad con la que los no nacionalistas podrían deslegitimar un referéndum de ese tipo simplemente no participando. Consciente de ello, Mas mostró entonces su enojo: "Si fuese legal también pueden no participar, no están obligados a participar. En cualquier caso, si no les interesa, no participarán. Si ellos detectan que la forma de deslegitimar el proceso es no participar, tampoco participarán si [la consulta] es por la vía del referéndum. Pero el ridículo lo harán ellos, porque después no podrán decir que tienen razón. En democracia las decisiones se toman en las urnas, yo no sé ninguna otra forma de tomarlas. Podrán desentenderse de este proceso, pero si se desentienden es como si no estuvieran. Quedan borrados del mapa, fuera de la foto. Porque será evidente que el pueblo de Cataluña quedará llamado a pronunciarse".

De hecho, el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) abordó esta cuestión en su primer informe, titulado 'La consulta sobre el futuro político de Cataluña', que fue presentado en julio de 2013. Los sabios de Mas advirtieron de que el establecimiento de un porcentaje de participación mínima en un referéndum secesionista "podría estimular, de forma indirecta, el abstencionismo, ya que para un votante contrario a la propuesta de la consulta puede llegar a ser más útil abstenerse que votar en contra".