La justicia investiga si la Generalidad pagó al abogado de Josep Prat

El caso Innova, de presunta corrupción ligada principalmente a la sanidad pública catalana, y centrado alrededor de la empresa pública de Reus (Tarragona) del mismo nombre, sigue ocupando la primera línea de la actualidad. Y sigue trayendo dolores de cabeza a CiU y al Gobierno autonómico. Ahora, y después de acumular evidencias desde al menos principios de año, la justicia ha decidido investigar si la Generalidad ha estado pagando la factura de la defensa del principal imputado en el caso, el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat.

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que lleva el macroproceso del Caso Innova, que ya constaba de nueve diversas piezas separadas, ha resuelto este miércoles abrir una décima, en la que imputa a Prat por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de dinero público, y requiere a la Consejería de Salud, que dirige Boi Ruiz, que informe "acerca del procedimiento para la defensa jurídica de altos cargos y funcionarios por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones".

Más concretamente, el juez exige a la Generalidad que "certifique si tienen contratada una póliza de seguros o cuentan con una partida específica que cubra los posibles gastos de representación y defensa jurídica del presidente del ICS", cargo que en el momento de los hechos ocupaba Prat.

Sospechas desde enero

En enero, el juez ya se interesó por este asunto, cuando requirió formalmente a la Generalidad si el abogado de Prat, Xavier Melero, había recibido "alguna retribución en concepto de honorarios derivados de la defensa de Josep Prat o referentes a dictámenes de cualquier otra naturaleza". En caso de que la respuesta fuera afirmativa, el juez también exigía "el importe de dichos pagos y la fecha de los mismos".

Los indicios sobre posibles pagos de la Consejería de Salud a Melero se conocieron en diciembre, al levantarse parcialmente el secreto de sumario del caso. En él se recogían diversos e-mails de Melero a Boi Ruiz en los que el abogado de Prat recordaba al consejero autonómico que su despacho había asumido el coste de unos informes para su defensa, así como apremiaba a Ruiz para que ordenara el pago.

"No tengo ninguna noticia sobre el pago de los dictámenes [...] El coste de estos informes lo abonó nuestro despacho, el tema nos empieza a preocupar", escribía Melero en un primer e-mail, con fecha de 4 de septiembre de 2012. El 25 del mismo mes, el abogado de Prat explicaba a su cliente que "del tema euros, de momento, nada de nada". Y solo tres días después, volvía a dirigirse a Ruiz, esta vez con un tono notablemente más duro:

"Nadie ha contactado conmigo para resolver este tema. Pido una solución. Nunca me hubiese imaginado que esto acabaría de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar nada después de haberme paseado por todas las Fiscalías de Cataluña..."

"Boi, ¿no me dijiste que estaba resuelto?"

Melero envió este último e-mail con copia al consejero de Justicia, Germà Gordó. Y este se lo reenvió a Ruiz, añadiendo: "Boi, ¿no me dijiste que estaba resuelto?". Por todas estas evidencias, un informe de la Guardia Civil -que actúa como policía judicial en el caso- considera que hay "dudas razonables acerca de si la Generalidad se estaría haciendo cargo de las costas de la defensa de Prat".

El informe, además, recordaba que en el momento de los hechos Prat no estaba "incurso en ningún procedimiento judicial penal de cuya defensa deba hacerse cargo la Administración Pública, véase la Generalidad", por lo cual el pago con dinero público a su abogado podría constituir "un ilícito de malversación por parte de los ordenantes de dichos pagos [Boi Ruiz] y de los receptores".

En la causa principal del caso Innova, Prat está imputado por diversos delitos -entre los que destacan los de estafa, malversación y blanqueo-, por presuntamente abonar, entre 2007 y 2011, en su condición de director de la empresa municipal de Reus Innova, 720.000 euros al ex director del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté, por trabajos presuntamente inexistentes.