Los magistrados del Tribunal Constitucional están a la espera de que el Gobierno de Mariano Rajoy presente el recurso de impugnación de la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña con el objetivo de realizar la consulta secesionista del 9 de noviembre.
A la espera del recurso, los magistrados contemplan diversos escenarios para que el dictamen obtenga el mayor respaldo posible por parte de todos los jueces que conforman el tribunal.
Variedad de opiniones entre los magistrados
Los jueces son conscientes de que, con este nuevo recurso, está en juego la reputación de la institución.
Una institución que para algunos sectores de la sociedad perdió parte de su credibilidad debido al retraso de más tres años que hubo de la sentencia del Estatuto de autonomía.
En esta ocasión, los magistrados se dividen entre los partidarios de dictar sentencia antes de la fecha de la consulta secesionista del 9 de noviembre y los que opinan que un pronunciamiento sobre un asunto de esta envergadura exige un tiempo prudencial.
Los primeros consideran que una suspensión automática de la ley y del decreto de convocatoria acompañada de una sentencia en firme en un plazo breve resolvería la cuestión antes del 9 de noviembre. No se podría votar porque se habría dictaminado ya la inconstitucionalidad de la ley.
Lo segundos, sin embargo, han manifestado que las siete semanas que faltan la fecha de la consulta independentista no bastarían para dictar sentencia.
Confusión entre 'consulta' y 'referéndum'
Los magistrados denuncian que la Ley de consultas no puede jugar con la confusión entre los conceptos de 'consulta' y 'referéndum' y, aseguran, que ninguna comunidad autónoma tiene competencias para preguntar a la ciudadanía sobre el modelo territorial de España.