El Gobierno de la Generalidad ha desmentido este martes parte de una información de El Mundo según la cual el presidente autonómico, Artur Mas, planeaba convocar a la vez, para el próximo 9 de noviembre tanto la consulta independentista como elecciones autonómicas anticipadas. La razón, estrictamente técnica y legal: ya no hay tiempo, con la ley en la mano, para convocar elecciones para esa fecha.
"Es imposible hacer elecciones anticipadas porque los plazos legales para convocarlas ya han pasado", ha declarado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.
Sin ley electoral propia
Homs, reconociendo lo que de hecho ya avanzaba la propia información de El Mundo, ha explicado que, puesto que Cataluña no dispone de una ley electoral propia -es la única Comunidad Autónoma que no tiene, fruto de la incapacidad de los partidos para consensuar una-, se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Y esta, según ha recordado Homs, reza "taxativamente" que las elecciones deben convocarse un mínimo de 54 días antes de su celebración, mientras que solo quedan 47 días para el 9N.
Estos días se había especulado con la posibilidad de que Mas aun pudiera convocar elecciones para el 9N basándose en lo que dispone el Estatuto de Autonomía al respecto, y este indica que el plazo desde que se convocan elecciones hasta que se celebran ha de estar entre los 40 y los 60 días.
No obstante, y como ha recalcado Homs, esta disposición estatutaria no puede aplicarse, puesto que no existe ninguna ley electoral autonómica que la despliegue, por lo cual la norma aplicable es la LOREG.
La ley inédita en el DOGC
Homs también ha tenido que dar explicaciones por el hecho de que el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) aun no haya publicado el texto de la Ley de Consultas no Referendarias aprobada por el Parlamento autonómico el pasado viernes, con la que la Generalidad pretende dar cobertura legal a la convocatoria de la consulta secesionista.
Esta espera ha hecho que la ley aun no haya entrado en vigor, de tal forma que, ni el Gobierno puede recurrirla ante el Tribunal Constitucional -como ya avanzó que haría- ni Mas puede convocar la consulta.
Ante la demora, que se está interpretando en círculos políticos como parte de la táctica del Gobierno autonómico, Homs ha aducido razones puramente técnicas: "Estamos dentro del plazo razonable y habitual", ha dicho, explicando que los servicios técnicos y jurídicos del Parlamento autonómico y de la Generalidad han de revisar y traducir el texto antes de su publicación.