El gobierno central confía en que los Mossos de Esquadra cumplan con su deber si el próximo 9 de noviembre algunos ayuntamientos autonómicos y la Generalidad deciden sacar las urnas a la calle en contra de la decisión del Tribunal Constitucional.
Ante los posibles altercados que pudieran ocurrir durante la jornada, los ministerios de Interior y de Justicia han coordinado con antelación el procedimiento a desarrollar para impedir que no se celebre una consulta ilegal.
Según ha publicado Vozpópuli, el criterio acordado es hacer cumplir la ley con “proporcionalidad” y que se efectúe o no este despliegue adicional de fuerzas en Cataluña se verá condicionado a la decisión que tomen los Mossos: si deciden cumplir con la legalidad o, por el contrario, hacen caso omiso de ella.
El Gobierno ha recalcado que ni mucho menos quiere que asome un atisbo de desconfianza hacia la policía autonómica, pero ha insistido en que el Gobierno debe hacer cumplir la legalidad antes los desafíos de todo tipo que puedan ocurrir.