La defensa del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol ha optado por una imaginativa estrategia para pedir el archivo de las diligencias abiertas contra el ex mandatario autonómico, a raíz de la denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Considera que se pretende abrir una "inquisitio generalis" contra Pujol, algo que no permite la doctrina del Tribunal Constitucional, según argumenta la defensa. El fiscal ya ha reaccionado oponiéndose al archivo, para no abrir "espacios de impunidad".
Los abogados Cristóbal Martell y Alberto Carrillo, que representan al ex presidente autonómico y a su esposa, Marta Ferrusola, han presentado un escrito en el juzgado de Barcelona que lleva el caso en el que piden el archivo de las diligencias, puesto que, según argumentan, la denuncia de Manos Limpias es solo un "ramillete totalmente impreciso y variado de tipicidades", y de "rumorología"que tiene como objetivo abrir una "causa general o inquisitio generalis" contra sus defendidos.
Causa general contra Pujol
La defensa añade que esta inquisitio generalis -a grandes rasgos, abrir un proceso contra una persona en general, sin centrarse en un hecho con apariencia delictiva concreto y delimitado-, que tacha de "incompatible con los dictados del Estado de Derecho".
"El querellante propone un escrutinio general, una investigación prospectiva en términos que nuestro Tribunal Constitucional deplora", añade la defensa, que considera que la denuncia está "huérfana" de la más mínima concreción.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción también ha presentado su escrito al juzgado, en el que se opone al archivo porque considera que los procesos por este tipo de presuntos delitos no pueden cerrarse sin una investigación, ya que ello crearía "espacios de impunidad", que considera "intolerables en unas conductas de corrupción que han alcanzado dimensiones profundas" en España.