La CUP propone que la desobediencia a las leyes sea "un instrumento válido y legítimo para cumplir el derecho de autodeterminación" y que el 9N se haga la consulta con independencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Según esta formación política, tiene que haber un proceso abierto para constituir un nuevo país "sin más límites ni condicionantes que la voluntad popular".
También ha expresado su deseo de que el Parlamento autonómico apoye y se solidarice con las naciones kurda, palestina y saharaui en su lucha por el derecho a la autodeterminación; además de otras propuestas como que la Generalidad no retorne la deuda a los bancos.
En la resolución, la CUP no ha nombrado explícitamente el caso Pujol y se ha limitado ha afirmar que la Generalidad debe personarse como acusación "en todos los casos de imputación de cargos electos y servidores públicos para delitos de corrupción política y contra los intereses generales".