La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que se detallan los presuntos cobros de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol, a través de dos grupos constructores -Copisa y Comsa-Emte- crecidos al amparo de los sucesivos gobiernos del fundador de CiU y CDC.
Según ha publicado este sábado El Confidencial, las pesquisas de la policía alumbran el cobro de comisiones ilegales por parte de esas dos corporaciones familiares de la burguesía catalana en el marco de un negocio que ascendió entre 2008 y 2012 a un total de 875 millones de euros en contratos públicos.
La investigación de la UDEF, sin embargo, retrocede al año 2000 para indicar que muchas otras empresas familiares de menor volumen -en concreto, 17- están implicadas en los presuntos pagos.
500,18 millones para Comsa-Emte
El informe de la UDEF concluye que Comsa-Emte, propiedad de la familia Sumarroca, pagó entre 2008 y 2009 a Project Marketing Cat -sociedad instrumental de 'Júnior'- 154.048 euros por falsos servicios de consultoría.
Señalan los agentes, sin embargo, que la cifra podría ser más elevada puesto que no han localizado toda la información deseada -Emte no facilitó las facturas que se emitieron a otras empresas de la trama societaria del primógenito de Pujol porque "dado el tiempo transcurrido no las guardaban".
Según datos de la propia Generalidad, el grupo Comsa-Emte se hizo acreedor del mayor gasto en infraestructuras del Gobierno autonómico entre 2008 y 2012, con contratos públicos que alcanzaron un valor de 500,18 millones de euros.
17 firmas "colaboradoras necesarias"
El Grupo Copisa, en manos de la familia Cornadó -asimismo vinculada a CiU- también ha sido señalado por sus presuntas actividades ilícitas con Project Marketing Cat e Iniciatives Marketing e Inversions, ambas sociedades instrumentales de Jordi Pujol Ferrusola, que facturaron a sociedades del grupo por servicios fantasma.
Según datos del Gobierno autonómico, entre 2008 y 2012 el Grupo Copisa se adjudicó contratos por valor de 375,03 millones de euros.
Otras empresas catalanas han sido puestas en el foco de la UDEF como "colaboradoras necesarias" de los cobros ilegales. Ruz, en este sentido, ya ha solicitado información sobre 17 supuestos clientes de Jordi Pujol Ferrusola, todavía pendientes de ulteriores investigaciones: Aglomerats Girona S.A., propiedad del empresario Esteban Ayats Domenech; las firmas Famguega y Life Mataró, ambas vinculadas con la familia Guerrero Kandler, e Inverama SL, en manos de la familia Suqué, entre otras.