La causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz contra el hijo mayor del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol y su esposa por presuntos pagos superiores a 200.000 euros asumidos por sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña ha revelado este viernes nuevas supercherías cometidas en este proceso por Jordi Pujol Ferrusola.

Según el informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional remitió el pasado 12 de junio a Ruz y que hoy ha recogido el diario El Mundo, los empresarios involucrados accedieron a las peticiones del primogénito del fundador de CDC y CiU por "temor". 

En este sentido, los agentes han tomado declaración a quienes han participado de los movimientos empresariales relacionados con Jordi Pujol jr. en los que podrían haberse cometido "ilícitos penales". Al menos dos de ellos han transmitido a la Policía su sensación de haber pasado "miedo" ante lo que consideran comportamientos "mafiosos".

La "intermediación" de Jordi Pujol Ferrusola

Jorge Juan Flor Gallén y Laura Cutillas, ambos implicados en relaciones comerciales con el Grupo Copisa, reconocen haber sido parte activa en el pago de "favores" y en su caso lo justifican por "miedo" a sufrir represalias. Flor Gallén ha comparecido en dos ocasiones ante la Policía para dar cuenta de sus negocios con empresas controladas, "desde la sombra", por Jordi Pujol Ferrusola. Según constata la UDEF, "dice que sufrió presiones por parte de Copisa debido a sus relaciones con el poder, y que tiene temores de que su nombre se haga público y perjudique sus negocios en Cataluña, temiendo no volver a trabajar".

La UDEF apunta asimismo que "Jordi Pujol Ferrusola parece que no sólo aparenta buscar oportunidades de negocio para el Grupo Copisa, sino que en otras ocasiones aducen su asesoramiento para enajenar activos patrimoniales, como es el caso de su búsqueda de inversores para las plantas solares". Y añade:

"Dado que una gran parte de las comisiones percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su razón de ser en supuestas intermediaciones entre dos partes, la acreditación de la falsedad de las facturas y procedimientos pertinentes la encontraríamos en que los intermediarios justifiquen la intermediación, motivo por el que esta instrucción policial ha efectuado requerimientos en aras a documentar las valoraciones y consecuencias".

Las pesquisas de la Policía Nacional les han conducido a Iniciatives Marketing, empresa que supuestamente medió en la compraventa de varias fincas propiedad de Focio a la sociedad Novensauro Inmobles, del Grupo Copisa. La factura, que asciende a 226.567,93 euros, viene justificada, de nuevo, por la intermediación de la primera.

"Todos sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas"

La apoderada de Focio, Laura Cutillas, ha asegurado, no obstante, no tener conocimiento de que nadie intermediaria en la venta de aquellas propiedades. "Sin embargo, poco depués de la escrituración de la operación, apareció por la sede de la empresa Ramón Gironés -suegro de Jordi Pujol Ferrusola- para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta, que ascendía a 30.050.606 euros", añade Cutillas en su declaración a la UDEF.

En el informe se verifica que finalmente Focio cedió "en pagar el 1%, para lo cual se les facilitó el nombre de dos personas a las que debían pagar previa recepción de facturas a su nombre, Mercè Riera Anglada y Xavier Coromias Riera". En este caso, el representante de Copisa con quien desde Focio mantuvieron contacto fue Antonio Lodeiro Guardiola:

"Tanto en las conversaciones telefónicas previas como durante el desarrollo de la toma de declaración, Laura Cutillas dijo expresamente que Antonio Lodeiro Guardiola, entre otros, les manifestó que todos sus problemas se acabarían si enajenaban las fincas al Grupo Copisa, si bien se opuso a que estos extremos constaran en declaración suscrita por las previsibles complicaciones que le podía traer por la influencia que en Cataluña tienen los investigados".

Como en el caso anterior, también Cutillas ha consignado haberse sentido víctima de un comportamiento "mafioso". Por lo pronto, el juez instructor ya ha atribuido indiciariamente a Jordi Pujol Ferrusola y a su esposa Mercè Gironés un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, en el marco de la investigación antedicha. En este sentido, Ruz ha citado a declarar al matrimonio como imputados para el próximo 15 de septiembre.