El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, ha imputado al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet (CiU), y a seis concejales del equipo de Gobierno municipal -todos ellos de CiU- por un presunto delito de tráfico de influencias, en relación al caso Innova.

Además, el juez ha impuesto una fianza de 280.000 euros a Poblet y a cada uno de los regidores convergentes "a fin de cubrir las responsabilidades pecuniarias que puedan derivar de los hechos imputados", de lo contrario se procederá al embargo de los bienes.

Josep Prat, en el centro de la presunta trama

Este caso afecta a supuestas irregularidades en la gestión del grupo de empresas municipales Innova del Ayuntamiento de Reus cuando lo dirigía Josep Prat -cargo que compatibilizaba con la Presidencia del Instituto Catalán de la Salud (ICS), tiene diversas piezas judiciales y se ha extendido a otros municipios del entorno, entre ellos, Vila-seca.

La imputación que se ha conocido este lunes se refiere a la contratación para el proyecto del nuevo CAP municipal del arquitecto Jorge Batesteza con el fin de influir en la Generalidad para que "fuese administrativamente más rápido".

"Vila-seca se procuró la contratación de Jorge Batesteza, no por su innegable capacidad técnica y experiencia, sino para sacar provecho de los cargos que en el pasado ocupó en el Servicio Catalán de la Salud", indica el auto judicial, al que se ha tenido acceso toda vez que se ha levantado el secreto de sumario.

Larga lista de presuntos delitos

Los seis concejales imputados son Xavier Farriol, Manuela Moya, Josep Maria Pujals (hermano de Joan Maria Pujals, ex consejero de Educación -de 1992 a 1996- y de Cultura -de 1996 a 1999- durante los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol), Josep Toquero, Esmeralda Núñez y Ana Josefa Girona.

Todo ellos, al igual que Poblet, ya estaban imputados en la causa por los presuntos delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Estas acusaciones han sido ratificadas ahora por el juez.

"Se emitieron y se pagaron facturas por trabajos no realizados"

Batesteza dejó su cargo como gerente de infraestructuras del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) el 31 de mayo de 2007, tras lo que se le asignaron varios servicios de asesoría técnica relacionados con la construcción del nuevo hospital de Reus -por parte de Innova- y del nuevo CAP de Vila-Seca, por parte del Consistorio de este municipio.

La adjudicación presuntamente no respetó el procedimiento legalmente establecido con el objetivo de beneficiar a Batesteza; "se emitieron y se pagaron facturas por trabajos no realizados"; "ambos ayuntamientos contrataron [a Batesteza] con la finalidad de evitar el radar de la fiscalización administrativa y eso es, indiciariamente, delictivo"; y se fraccionó un contrato en cinco menores con el fin de "evitar el procedimiento de contratación ordinario que exige respetar los principios de concurrencia y publicidad".

La presunta trama también alcanza al arquitecto municipal

El juez considera que Batesteza cobró 387.000 euros de forma injustificada entre 2007 y 2010 en concepto de asesoría técnica para la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus.

La presunta trama incluiría al arquitecto municipal de Vila-seca, Rafael Bertrán, al que el juez imputa por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos por funcionario público. "Su papel en los hechos ha sido fundamental para el resultado presuntamente delictivo", concluye el auto.