Acuerdo sanitario nefasto entre PP y CiU

Puedo confirmar al cien por cien la información que publiqué este martes según la cual ha habido, efectivamente, un acuerdo sanitario entre el PP y CiU, protagonizado por la ministra Ana Mato y el consejero Boi Ruiz.

Decidieron que podrán continuar existiendo consorcios sanitarios en el ámbito local y territorial muy abiertos respecto a una evasión del derecho administrativo, deseada por CDC. El protagonista del inagotable escándalo Innova, Josep Prat, fue el pionero y el gran formulador de esta política, jurídicamente insólita y, como se ha visto, con graves disfunciones. Ahora, además, es un tema básico en la destrucción del sistema público catalán de salud.

Consorcios específicos de Cataluña

Los consorcios sanitarios son muy específicos de Cataluña. Si se efectuara una auditoría de su funcionamiento y de su gestión podría salir de todo. Nunca hay que olvidar que el de Salud es (todavía) el principal presupuesto de la Generalidad.

Inicialmente, el PP pretendía precisamente limitar esa fuga de derecho administrativo hacia el derecho mercantil y civil común. Es decir, pasar de un control formalmente más riguroso, a otros que están en la base de escándalos, por no decir de corrupciones, manifiestamente importantes en la sanidad catalana. El telón de fondo puede ser tanto privado como de financiación política.

El acuerdo Mato-Ruiz es la peor noticia posible para la supervivencia de la sanidad pública catalana. La medida afecta lógicamente a todo el Estado. Pero es sólo importante para Cataluña, donde hay un número espectacular de consorcios, unos quizás con siniestra utilidad instrumental.

Herramientas de los males sanitarios

Pueden ser herramientas descaradas de los peores males de la sanidad catalana. Explícitamente, se las quiere usar para eludir los controles propios del derecho administrativo (una obsesión lógica de la "CDC de los negocios sanitarios") y para degradar las condiciones laborales de la mayoría del personal sanitario, así como para mejorar los sueldos propios de los amigos. Todo esto se demostrará.

La tríada de destrucción sanitaria, formada por Mas, Mas-Colell y Ruiz, puede brindar con cava. También estaría justificado que la "CDC de los negocios sanitarios" lo hiciera con Dom Pérignon o Moët Chandon, mejores y más caros. Podemos aspirar a pagárselos sobradamente. Por supuesto, casi tiene la obligación de brindar con el mejor que haya el imputado Josep Prat y las docenas de personajes que se encuentran en una situación comparable, por temas sanitarios.

Increíble: fortalecido el modelo Innova

El escándalo Innova, con sus docenas de imputados (y la cuenta no ha terminado) desbrozó un maldito camino que ahora estará más amparado. He escrito muchas veces que, por desgracia, Prat fue un pionero de lo que tenemos. Como un suflé, su aniquilador modelo crecerá. No conozco a nadie que prevea lo contrario.

Ha fallado un intento de reforma del PP que hubiera parado la brutal caída de la sanidad catalana, atando en corto a los consorcios sanitarios territoriales. Ahora tendrán más amparo legal. Por lo tanto, se fortalecerá lo que entiendo que era la base objetiva de mil fechorías, por no hablar de corrupción.

Los consorcios objetivamente provinciales son la vía por la que en cuatro días tendremos en Cataluña una destrucción sanitaria total e irreversible. El Instituto Catalán de la Salud (ICS) va hacia el patíbulo. Todo se efectúa con una gran oscuridad y con una inmensa creatividad léxica. Por supuesto, el Parlamento autonómico está en un orsay permanente. Sin embargo, pude revelar un documento reservado de pretendida y mera "colaboración" sanitaria en las comarcas tarraconenses y del Baix Penedès. Era la punta de la punta de un iceberg.

Una tontería: "Lérida gana"

Ruiz quiere hacer creer, en Tarragona, en Lérida (donde han lanzado el grotesco eslogan "Lérida gana") y después en Gerona y Barcelona, que mejorará su situación sanitaria. Hay que ser muy tonto para creérselo. Pero la demagogia de la tríada no tiene límites.

Como expliqué en el artículo antes citado, y en otros anteriores, el proceso destructivo ha comenzado por Tarragona y Lérida, seguirá por Gerona y culminará en Barcelona. Será cosa de pocos meses. El tema no ha generado interés en los medios, ni en los partidos, ni en las pretendidas organizaciones de defensa de los usuarios de la sanidad.

Estas últimas entidades están demasiado ocupadas en sumar subvenciones. ERC lo apoya, primero discretamente, ahora descaradamente y siempre cínicamente. Todo es demostrable. Curiosamente, la Assamblea Nacional Catalana (ANC) también tiene las santas narices de estar de acuerdo. Confiar en que ERC pueda cambiar.

Aquí, más irresponsables que en Escocia

De paso, puedo decir que en sanidad no hay posibilidad de establecer ninguna comparación entre el independentismo catalán y el escocés. Pese a que las encuestas muestran que ninguno de los dos triunfará, en Escocia el debate sanitario (aquí un gran silencio) es bastante sensato. Allí el tema del sistema de salud ocupa un lugar clave, con referencias constantes al NHS británico. No quieren ir hacia atrás. Ya escribiré sobre ello.

En cambio, aquí seguro que iríamos hacia atrás, por la sencilla razón de que ya estamos yendo. Pronto expondré hasta qué punto la ANC es cómplice de las peores maldades sanitarias. Lo demostró en un acto en el Colegio de Médicos de Barcelona, junto a la patronal de donde procede Ruiz. También lo acredita un impresentable documento de la sectorial de sanidad de la ANC. Tanto la Marina militar como la salud no son temas de los que entiendan. Hay más.

Lo peor, convertido en realidad

La lectura de mi información del pasado martes me resultaba increíble. Ahora puedo acreditar que la realidad es aún peor. También puedo mostrar el camino que sigue lo que es una monumental maldad.

Como ya expuse, el proyecto original de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) debía impedir el descontrol y la reorientación hacia la gestión privada de los consorcios sanitarios. Era un gran qué contra el nefasto entramado sanitario catalán.

Sin que aquí se hablara de ello, resulta que el Senado ya se ha transaccionado una enmienda de CiU a la citada LRSAL, usando el proyecto de Ley de Racionalización del sector Público y Otras Medidas Administrativas, afectando también a La ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En franqueza, no sé cómo han obrado los socialistas, ni otros grupos. Cuando lo sepa, y me temo que algunos pueden haber estado de acuerdo, informaré.

Odio al derecho administrativo

CiU ha querido añadir a "laboral y funcionario" la palabra "estatutario" refiriéndose al personal afectado, para meter a todos. También se establece que la auditoría "será responsabilidad del órgano de control de la organización sanitaria a la que está adscrito el consorcio" (es decir la Generalidad).

Una cuestión clave será comprobar en el texto final si hay un control de la intervención o sólo de una auditoría externa. Un día habrá que hablar de las "empresas auditoras amigas" de la Generalidad. No pasa nada si un empresario opta por una auditora u otra. Pero no parece que esto, a veces disimulado, deba ser una norma en el terreno público.

En cualquier caso, el gran tema es la voluntad de la Generalidad de salir de los controles económicos y jurídicos, al inicio y al final del proceso, propios del derecho administrativo para pasar al derecho civil y mercantil. La obsesión de la Generalidad, y ya no digo nada de la "CDC de los negocios" (sanitarios o los que sea), es huir del derecho administrativo.

Usar el dinero público como si fuera propio

Quieren usar el dinero público como si fuera privado. Respecto al privado, se entiende que el dueño del dinero también tenga un cierto digamos derecho a perderlo, siempre que sea sólo suyo. Respecto al dinero público, esto no debería de poder ser así. Pero tenemos ejemplos de que lo ha sido.

Otro cambio deseado por CiU es que los gestores de consorcios de la Generalidad puedan cobrar un sueldo sin límites. El texto del PP preveía que nadie pudiera cobrar más de lo que correspondería a un funcionario que ocupara ese lugar.

Pagar bien a los amigos y mal a los demás

El texto de la Ley 30/2013, presentada y aprobada por el PP, establece que para el personal de todo el consorcio "sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella" (la administración a la que esté adscrita el consorcio). En la enmienda transaccional con CiU eso desaparece. ¿Alguien se sorprende? ¿Ya se ha olvidado la fortuna que ganaba Josep Prat? ¿O la que gana el siniestro informático que es el director de TV3, Eugeni Sallent, 164.965,72 euros?.

Resulta fácil de entender. En la práctica, en los consorcios que Ruiz piensa usar para destruir el ICS, seguro que se irán reduciendo los sueldos bajos (así como las garantías, al seguramente poder dejar de ser estatutarias) y se pondrá a alto altos responsables amigos o correligionarios, con sueldos ilimitados e ilimitables.

Estos altos responsables, no funcionarios ni estatutarios, serán los que dirigirán la sumisión y posterior destrucción del ICS, en beneficio de grupos hospitalarios privados o territoriales amigos, concertados o no. En el caso de Tarragona, será el hospital de Santa Tecla, del Obispado, pero ligado a CDC, y también a Boi Ruiz, de quien hay que recordar una curiosa y fallida aventura en Argentina, que ya expliqué. Tendré tiempo para regresar a ella. Expondré cómo Ruiz usa ridículos argumentos de campanario, como "la sanidad tarraconense para los tarraconenses", o la leridana por los leridanos, para hacer tragar puras maldades. En cuanto a método, no hay nada nuevo.