Un juzgado de Gerona da carta blanca a un consistorio para que abone su cuota a la AMI

El Juzgado contencioso administrativo número 2 de Gerona ha avalado que el Ayuntamiento de Mont-ras (Gerona) siga abonando a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) una cuota de 262 euros a cargo del erario, desestimando de este modo la petición en sentido contrario de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

La sentencia, la primera que se pronuncia en estos términos frente a un recurso interpuesto por la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, señala que el Consistorio puede promover "todo tipo de actividades" entre su población, particularmente aquellas que afecten a la "identidad" de los ciudadanos.

De hecho, en el fallo se consigna que "no hay nada más cercano al concepto de identidad que el proceso soberanista", y el magistrado considera que el importe asignado por el plenario de la localidad al pago de sus compromisos con la AMI representa "un miserable 0,017% del presupuesto municipal".

Ve una conspiración de la Delegación del Gobierno

Muy otra fue la valoración que hizo un juzgado de la misma provincia catalana a principios del pasado mes de mayo. En efecto, el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Gerona anuló entonces el acuerdo del Ayuntamiento de Garriguella con la AMI ahondando en el hecho de que "en el presente caso es claro el intento de afectación de recursos públicos a fines que no guardan conexión con los ámbitos competenciales atribuidos a las entidades locales".

La sentencia señalaba en aquella ocasión que "autonomía no es soberanía", por lo que, finalmente, concluía que "el motivo de impugnación debe ser estimado".

En cambio, el magistrado que instruye el caso del Ayuntamiento de Mont-ras valora que "abonar la cuota de una asociación no afecta a la autonomía de nadie", puesto que, en su parecer, "es claro que [los Ayuntamientos] pueden y deben pagar las cuotas", en virtud, dice, de sus compromisos para ejercer tareas de "interés común" mediante la creación y participación en consorcios y asociaciones.

Pero el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Gerona va un tanto más allá y concluye que el recurso interpuesto no es más que "una actuación ejercitada desde la Delegación del Gobierno con la finalidad última de entorpecer o dificultar" el proceder del Consistorio. La Abogacía del Estado, por su parte, ya ha advertido de que recurrirá esta sentencia.