La fiscalía "no se opone" a que Gavaldà y Pallerols cumplan la pena fuera de la prisión

Nuevo giro en el inacabable caso Pallerols -también conocido como caso Trabajo- alrededor de un fraude continuado en la consejería de Trabajo en los 90, cuando esta estaba en manos de UDC. Después de que, ya hace más de un año, los acusados recibieran condenas inferiores a los dos años que acostumbran a marcar el ingreso en prisión, después de que la Audiencia ordenara igualmente el encarcelamiento, de una solicitud de indulto y, finalmente, de la entrada en el recinto penitenciario de los condenados, ahora la fiscalía acepta su petición de cambiar cárcel por trabajos comunitarios.

Así se ha pronunciado el Fiscal Fernando Rodríguez Rey, en un escrito dirigido a la Audiencia de Barcelona, según informa Europa Press. En el escrito, el fiscal manifiesta que "no se opone" a la petición de dos de los principales condenados, el empresario Fidel Pallerols y el ex secretario de Organización de UDC Vicenç Gavaldà, de sustituir sus penas de cárcel -de siete meses- por trabajos en beneficio de la comunidad. Se da el caso de que Gavaldà ingresó, finalmente, en prisión hace exactamente una semana.

Un caso muy particular

Ahora es la Audiencia quién tendrá que decidir sobre la petición de los condenados. Y, si bien no es muy habitual que los tribunales contradigan el aval de la fiscalía en este tipo de peticiones, este caso tiene condicionantes muy especiales.

De entrada, Pallerols, Gavaldà, y el hermano de este -también un ex cargo de UDC- fueron condenados, el año pasado, a penas muy inferiores a las inicialmente pedidas, después de un pacto con la fiscalía que evitó el juicio.

Estas penas no superaban los dos años, el límite habitual por debajo del cual, si no hay antecedentes, es habitual que un condenado evite la cárcel. Sin embargo, en abril pasado, la Audiencia -en medio de un importante clamor popular contra la corrupción- ordenó igualmente el encarcelamiento de los condenados.

Poco después, no obstante, la misma audiencia suspendió el ingreso en prisión de los tres condenados, a la espera de que se resolviera su solicitud de indulto. Pasado un año, y entendiendo que el Gobierno había ignorado la petición, finalmente se han iniciado los ingresos en prisión.