El TSJC rechaza los recursos contra las sentencias que fijan en un 25% como mínimo el uso del español como lengua escolar

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado todos los recursos planteados contra las sentencias emitidas en enero pasado en las que ordenaba a cinco centros educativos impartir, al menos, el 25% de las horas lectivas en castellano.

El tribunal subraya que la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ordena que el español sea lengua vehicular de la enseñanza, junto con el catalán, y que debido a que la Administración autonómica no ha garantizado un porcentaje mínimo de uso, corresponde a los tribunales hacerlo.

Los autos no admiten la pretensión de los demandantes que dieron lugar al proceso para que se ordenase el uso de ambas lenguas oficiales al 50%, puesto que estima legítima "la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema educativo".

Y recuerdan que el sistema de atención lingüística individualizada en castellano no es un método válido para garantizar esa presencia mínima obligatoria del 25% de clases en castellano que han ordenado los tribunales. También descartan que la aplicación de este 25% de horas lectivas en español pueda ocasionar cualquier tipo de segregación por razones lingüísticas.

De esta forma, los cinco centros afectados deben aplicar de forma inmediata estas sentencias, que habían sido suspendidas temporalmente a la espera de resolverse los recursos. En cualquier caso, los autos conocidos este miércoles son recurribles.

Rigau responde que el bilingüismo escolar es "inaplicable" en Cataluña

Esta misma tarde la consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, ha anunciado que recurrirá esta decisión del TSJC y solicitará nuevamente su suspensión temporal, aunque ha considerado que tienen el plazo de un mes para ejecutarla. El próximo miércoles se reunirá con los representantes de los colegios y de las asociaciones de padres de alumnos que recurrieron inicialmente las sentencias para preparar una estrategia en común.

En todo caso, Rigau ha aseguarado que el bilingüismo que exigen los tribunales es "inaplicable", por lo que "intentaremos demostrar su inviabilidad". Además, se ha mostrado sorprendida de estas sentencias porque considera que el sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán "durante muchos años ha sido plenamente constitucional", pese a que los tribunales hace décadas que dicen lo contrario.

"La defensa del modelo de escuela catalana implica persistencia, coherencia, constancia y serenidad, y a esto dedicaremos todos nuestros esfuerzos", ha anunciado, y ha recordado que estas sentencias se añaden a la "ofensiva" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

No descarta acudir al Tribunal de Estrasburgo

Rigau ha defendido que el catalán es la lengua "normalmente empleada" en la escuela, pero no "exclusivamente", y ha asegurado que hay "un 14% de centros que imparten contenidos en castellano en algún momento de la vida académica de los alumnos y un 42% que lo hacen en inglés". Esto, en su opinión -y en contra de lo que ordenan los tribunales-, debe decidirlo cada centro escolar en su proyecto lingüístico.

"Continuaremos manteniendo y aplicando la inmersión como metodología en los entornos donde no se domina el catalán como lengua habitual, porque además es de aplicación básicamente en primaria, porque cuando ya tienes el dominio ya puedes seguir con normalidad", ha asegurado.

"Mientras no haya la normalización total del catalán, tiene toda la lógica que haya una preponderancia del catalán. Lo que hemos de hacer se no fragmentar los tiempos escolares y repartirlos por lenguas, sino trabajar en las metodolgías que permitan un tratamiento integrado, que es lo que estamos haciendo de cara al curso próximo", ha añadido.

Riagau no ha descartado acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para defender la inmersión obligatoria en catalán. "Esta es una línea que está abierta, pero que todavía no hemos articulado, porque lo que sabemos es que un país necesita tener articulada la defensa de su lengua y su transmisión, y el Estado también ha de demostrar que toma los mecanismos de protección de las lenguas", ha sentenciado.