Anna Vidal, esposa del diputado autonómico y ex secretario general de CDC Oriol Pujol, se ha desmarcado este martes de la trama de las ITVy ha justificado que los 46.400 euros que cobró de un empresario imputado respondían a sus servicios profesionales como consultora en el asesoramiento para la compra y venta de una sociedad.

Imputada por un delito de cohecho, Vidal ha declarado, según fuentes judiciales, durante apenas 45 minutos ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Fiscalía sostiene que cobró a través de una empresa suya un soborno destinado a su esposo para influir en la tramitación de la ley de seguridad industrial.

No obstante, y según ha declarado Vidal, esa cantidad era una remuneración por un trabajo de consultoría que le habría encargado Sergi Alsina para dos operaciones de compra y venta de una empresa, en las que supuestamente Anna Vidal debía analizar los balances de pagos y la situación económica de la sociedad.

La imputada se ha comprometido a aportar a la causa las facturas que probarían esos trabajos, de los que, por lo demás, ha referido que fueron inspeccionados por Hacienda, aunque ha matizado que los conceptos de pago son de título genérico, según establecía Sergi Alsina.

Puignou asegura no conocer al "matrimonio"

Vidal ha asegurado, de igual modo, que ignoraba que en las fechas en que cobró aquellas facturas se estaba tramitando en el Parlamento autonómico la ley de Seguridad Industrial, dado que, según ha alegado, intenta permanecer "al margen" de las actividades políticas de Oriol Pujol.

También ha afirmado Vidal que no conocía a Ricard Puignou ni a sus socios en la empresa ITV Inteca, Enric Marugán y Pedro Olabarría, también citados a declarar en calidad de testigos, si bien Olabarría solicita la suspensión alegando "pérdidas de memoria".

Puignou, por su parte, ha comparecido este mismo martes para asegurar que no conocía al matrimonio Pujol-Vidal, de modo que, según ha asegurado, los pagos a la mujer del mandatario convergente no estaban destinados a influir en la tramitación parlamentaria de una ley hecha a la medida de sus intereses empresariales.

En este sentido, Puignou ha justificado el pago de 80.000 euros a Alsina, quien a su vez remuneró cno los 46.400 mencionados a Anna Vidal, por el servicio de intermediación que este hizo para su empresa. Pero, en cualquier caso, ha eludido aclarar a quién responden las siglas "OP" que aparecen en algunos correos electrónicos que envió a Alsina.

Oriol Pujol, por su parte, está citado a declarar este miércoles por un presunto delito de cohecho, tal como hiciera el año pasado por un presunto delito de tráfico de influencias. Se le acusa de haber exigido 30.000 euros al empresario Puignou para votar en la Cámara autonómica a favor de la Ley de Seguridad Industrial de 2008 que beneficiaría a ITC Inteca. Sergi Alsina, empresario y amigo de Pujol, declara también este miércoles.