Uno de los argumentos utilizados por la Generalidad para defender que Cataluña no quedaría fuera de la UE en caso de secesión es el de que no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades comunitarias en este sentido.

El informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) presentado este lunes asegura que "las instituciones de gobierno de la UE no se han pronunciado todavía de forma oficial" sobre un caso como este. Y desdeña las negativas de "diversos miembros" de la Comisión Europea, reduciéndolas al rango de meras manifestaciones.

Así lo reiteró el presidente del CATN, Carles Viver Pi-Sunyer, durante la rueda de prensa de presentación del informe, quien dijo que no había respuestas oficiales por parte de las instituciones comunitarias al respecto, y que no las habría hasta que no fueran solicitadas por algún Estado miembro "a partir de un escenario concreto" y previo informe de sus servicios jurídicos.

Homs: "No es la posición oficial de la UE"

Sin embargo, este mismo martes, un portavoz oficial de la Comisión Europea ha desmentido a la Generalidad. Aunque sí que ha indicado que "la Comisión expresará su opinión sobre las consecuencias legales bajo el derecho comunitario a petición de un Estado miembro que detalle un escenario preciso", eso no quita para que el portavoz ya haya adelantado cuáles serían estas consecuencias:

"Si una parte del territorio de un Estado miembro cesa de ser parte de ese Estado porque se independiza, los Tratados dejarán de aplicarse a ese territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la UE y los Tratados ya no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia".

A pesar de ello, el portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de la Generalidad no ha dado su brazo a torcer y ha asegurado que la posición del portavoz comunitario "no es la posición oficial de la UE".

Para el dirigente nacionalista, "la posición oficial" y "por escrito" es que "el día que un Estado nos pida cómo proceder ante una eventual secesión se emitirá un informe de carácter jurídico". "Todo lo demás son comentarios -absolutamente legítimos- pero en cualquier caso no son posiciones oficiales y acordadas por parte de la UE", ha insistido.

Cuatro respuestas oficiales y por escrito de la Comisión Europea 

Lo cierto es que la Comisión Europea sí que se ha posicionado oficialmente y por escrito de forma contundente en diversas ocasiones sobre esta cuestión, sin dejar lugar a dudas de que la secesión dejaría a Cataluña fuera de la UE.

El 1 de marzo de 2004, el entonces presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, respondió oficialmente que "cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado. En otras palabras, una nueva región independiente, por el hecho de su independencia, se convertirá en un tercer Estado en relación a la Unión y, desde el día de su independencia, los tratados ya no serán de aplicación en su territorio".

Y añadió que "según el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, cualquier Estado europeo que respete los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea podrá solicitar el ingreso como miembro de la Unión. Una solicitud de este tipo requiere, si es aceptada por el Consejo por unanimidad, la negociación de un acuerdo entre el Estado solicitante y los Estados miembros sobre las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone de los tratados. El acuerdo está sujeto a la ratificación por parte de todos los Estados miembros y del Estado solicitante". Se trata de la misma respuesta que, literalmente, repiten los portavoces comunitarios una y otra vez desde entonces.

El 12 de noviembre de 2012, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, respondió oficialmente y por escrito a una pregunta sobre una posible secesión realizada por los eurodiputados españoles Izaskun Bilbao (PNV), Ramon Tremosa (CiU), Salvador Sedó (CiU) y Raül Romeva (ICV).

"No le corresponde a la Comisión manifestar una posición sobre cuestiones de organización interna relacionadas con las disposiciones constitucionales de los Estados miembros. Ciertas hipótesis, como la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado, no tendrían carácter neutro en relación con los Tratados de la UE. A petición de un Estado miembro que detallase una situación concreta, la Comisión expresaría su opinión sobre las consecuencias legales de la misma con arreglo a la legislación de la UE. En lo relativo a la cuestión general de la adhesión de los Estados a la Unión Europea, la Comisión recuerda que este proceso debe ajustarse plenamente a las normas y procedimientos previstos en los Tratados de la UE", señaló entonces Barroso.

El 3 de diciembre de 2012, ante otras dos preguntas sobre los efectos de la secesión de una parte de un Estado miembro, Barroso contestó apelando a la respuesta del 1 de marzo de 2004: "El contexto jurídico no ha cambiado desde 2004, ya que el Tratado de Lisboa no ha introducido ningún cambio a este respecto. Por lo tanto, la Comisión puede confirmar su posición, expresada en 2004 en la respuesta a la pregunta escrita P-0524/04(1) [del 1 de marzo de 2004]".

De igual forma, el 20 de noviembre de 2013, Barroso contestó a una pregunta de Tremosa reiterando los mismos argumentos:

"Hipótesis como la separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado no tendrían un carácter neutro respecto a los Tratados de la UE. La Comisión Europea expresaría su opinión sobre las consecuencias legales con arreglo a la legislación de la UE en caso de que un Estado miembro lo solicitara detallando un escenario concreto. [...] Si una parte del territorio de un Estado miembro dejase de ser parte de ese Estado para convertirse en un nuevo Estado independiente, los Tratados ya no serían aplicables en dicho territorio. En otras palabras, un nuevo Estado independiente, por el hecho de alcanzar la independencia, pasaría a convertirse en un tercer país con respecto a la UE y los Tratados dejarían de ser aplicables en su territorio".