La fiscalía pide hasta 17 años de cárcel para ex cargos de una fundación afín a UDC

Vuelve el caso de la Fundació Catalunya i Territori (FCT), próxima a UDC. Y vuelve con fuerza, en la forma de una petición de hasta 17 años de prisión para varios ex cargos de la entidad, que presuntamente habrían estafado a entidades bancarias con empresas fantasma, y habrían saqueado la FCT. De este saqueo, se habría beneficiado directamente UDC, pero ningún dirigente del partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida ha sido acusado, aunque el fiscal considera que la formación tiene que ser declarada responsable civil subsidiaria. El partido ha devuelto recientemente la mayor parte de los importes recibidos.

Según el escrito de calificación del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que pide ya la apertura de juicio oral, los seis acusados son el ex gerente de UDC Josep Maria Núñez y ex dirigentes de la FCT, como el ex director general de Consumo de la Generaldad Josep Boqué, Joan Albert López y Miquel Àngel Cortés, además de Xavier Soriano Borràs y Josep Cornado.

De estos, los principales acusados son Joan Albert López y Miquel Àngel Cortés, que, según cree el fiscal, controlaban un conglomerado de empresas sin ninguna actividad real, el grupo IMS, a través de la cual estafaron una cantidad aun indeterminada a varias entidades financieras.

Estafa continuada a los bancos

El procedimiento habría sido simple, lo que se conoce como pelota financiera. Los acusados habrían obtenido, entre los años 2003 y 2007, líneas de crédito para empresas de la trama, que fingían una actividad real y próspera, y que facturaban por servicios inexistentes a otras sociedades del conglomerado.

Los acusados se habrían dedicado a cubrir los descubiertos en unas entidades con lo que obtenían prestado de otras, mientras los créditos se iban ampliando hasta que fueron demasiado elevados para poderlos mantener y las sociedades se declararon -el mismo día, el cinco de mayo de 2008- en concurso de acreedores, que fue calificado de "culpable". Mientras tanto, el dinero de las líneas de crédito se esfumó por el sencillo método de retirarlo en efectivo.

El escrito del fiscal precisa que, hasta que no reciba "las relaciones definitivas de acreedores elaboradas por la administración concursal" no podrá "establecerse el perjuicio definitivo para cada entidad financiera". Sin embargo, indica que los importes totales de créditos de las empresas controladas por los acusados, que corresponden "casi en su totalidad" a los bancos estafados, superan los 16 millones de euros.

El "beneficiario último", desconocido

El fiscal recalca también que "la mayor parte" del dinero presuntamente estafado por este sistema abandonó las empresas de la trama con retiradas en efectivo, "por lo cual no se ha conseguido descubrir su beneficiario último".

Además de esta "pelota financiera", los acusados habrían cometido otros delitos. Que tienen que ver directamente con la Fundació Catalunya i Territori -como perjudicada- y con UDC -como beneficiada-.

Así, y según el escrito de acusación, entre los años 2004 y 2007, los dos principales acusados, "de acuerdo con el también acusado Josep Boqué Cos, abusaron de su condición de rectores de la FCT para, de mutuo acuerdo, extraer ilícitamente de la caja social cuantiosos fondos de esta entidad, los cuales destinaron a engrosar las arcas del ya mencionado Grupo IMS (regido también por los dos primeros) o, a su través, de terceros desconocidos".

En total, los acusados habrían desviado por este método casi 1,8 millones de la caja de la FCT. También en este caso, cuando el dinero llegaba a las empresas de la trama, "se convertía en dinero en efectivo, ignorándose en qué y por quién fue finalmente empleado".

"Caprichoso beneficio" para UDC

El fiscal también menciona a UDC, que cree que recibió un "injustificado beneficio" económico "en perjuicio" de la FCT. Por dos vías.

Por un lado, el FCT, alquiló, a partir de 2002, cinco locales comerciales a UDC, para usarlos como sedes territoriales. Y, desde 2005, "los acusados Boqué, López y Cortés, como responsables de la FCT, dejaron injustificadamente de exigir el pago de estos alquileres, con el consiguiente perjuicio económico para la fundación y el correlativo beneficio para el partido político", según el fiscal.

El escrito añade que este "caprichoso beneficio económico en favor de UDC" se va vio "incrementado" en 2009, cuando ls FCT vendió los cinco locales a UDC por el "incomprensible" precio total de 478.000 euros, "a todas luces sensiblemente inferior al de mercado".

Finalmente, el fiscal señala que, en 2005, empresas del grupo IMS, "utilizando fondos recibidos de la FCT", se hicieron cargo de facturas por un total de 116.000 euros "por servicios prestados en realidad a UDC".

Hasta 17 años de prisión

Por todo ello, el fiscal pide a los tres principales acusados penas de hasta 17 años de prisión a cada uno, por los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, insolvencia punible o administración desleal. Para Xavier Soriano y Josep Cornado pide cerca de 4 años; y para Josep Maria Núñez, dos años y 6 meses.

En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal pide que López y Cortés tengan que indemnizar a los bancos estafados, y ellos dos y Boqué, a la Fundació Catalunya i Territori, por el total del dinero estafado o sustraídos.

Los acusados López, Cortés, Boqué y Nuñez también tienen que indemnizar a la FCT "en aquella parte del perjuicio que no haya sido ya reparado por UDC". La formación democristiana ha satisfecho recientemente la mayor parte de estos importes, según recuerda el propio escrito del fiscal, incluyendo la diferencia entre el precio pagado por los locales y su valor de mercado.

Ahora hace poco más de un año, cuando la fiscalía pidió al juez que investigara estos presuntos delitos, UDC se defendió aduciendo que la FCT "no tiene ninguna vinculación orgánica con Unió", sino que "es una fundación privada, tiene sus patrones y su funcionamiento es independiente". La formación democristiana también aseguró no haber mantenido "ningún trato con IMS, ni con sus responsables", y recordó que "en este procedimiento no hay ningún cargo de Unió que esté imputado".