El debate del próximo 8 de abril en el Congreso de los Diputados, en el que habrá de discutirse -y rechazarse- la petición de la Generalidad para que se delegue en ella la competencia de convocar un referéndum independentista, puede convertirse en el punto de inflexión que mida el verdadero alcance del órdago secesionista lanzado y alimentado por el Gobierno autonómico que preside Artur Mas.

Según publican este viernes El Mundo y Ara, fuentes del PP anticipan que el Ejecutivo de Rajoy estaría dispuesto a abrir un puerta al diálogo en forma de nuevo sistema de financiación autonómico que satisfaga las aspiraciones de los nacionalistas catalanes, siempre y cuando la Generalidad abandone la línea de "imposición" y su amenaza de convocar una consulta "sí o sí".

De este modo, y tras la previsible negativa del Congreso el próximo 8 de abril, la eventualidad del "diálogo" estará en manos de Mas, con la condición, de nuevo, de que respete los principios de solidaridad interterritorial y de responsabilidad.

A por una "fórmula de corresponsabilidad institucional y económica" 

CiU, por su parte, ha recuperado este jueves la exigencia de un concierto económico distintivo para Cataluña, demanda nacionalista que en los últimos meses había quedado eclipsada por la vorágine independentista y que ayer, aprovechando que se renovaba en el Hemiciclo el concierto vasco, volvió a poner sobre la mesa.

En esta línea, un representante de UPN, que mantiene alianza con el PP, ha declarado que el Congreso no descarta "abrir un debate sobre la oportunidad política de encontrar una fórmula de corresponsabilidad institucional y económica que integre las aspiraciones que hoy plantea alguna Comunidad de régimen común".

De hecho, según recoge el diario de Unidad Editorial, un diputado de CiU sostuvo que, entre independencia y concierto, "por supuesto, concierto". En septiembre de 2012, el presidente autonómico, sirviéndose del eco y del cariz independentista de la Diada de aquel año, planteaba un ultimátum a Rajoy cuyas condiciones -o concierto con las características que Mas exigía o "consecuencias"- el presidente se negó a aceptar. 

Año y medio después, no obstante, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, matizó ayer la posición de la Generalidad y sostuvo que "el pacto fiscal" para Cataluña estaría sujeto a la "bilateralidad" en la negociación de la financiación, recaudación "del 100%" de los impuestos que se pagan en su territorio y Agencia Tributaria "propia".

"No podemos seguir con esta locura"

Desempolvada esta vieja demanda del nacionalismo catalán, Sánchez Llibre defendió que "nada [en la Constitución] impide otorgar a Cataluña un concierto económico diferenciado del régimen general" y que sería suficiente con una modificación en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 

El Gobierno, sin embargo, asegura que para cumplir con tales exigencias sería necesaria una reforma de la Carta Magna. Pero, de nuevo según El Mundo, medios gubernamentales y el Grupo Popular acogieron con aprecio estas propuestas, cuando menos por lo que contienen de posibilidad de recuperar cierto diálogo. "No podemos seguir con esta locura como hasta ahora", recoge esta vez el diario Ara de entre la filas populares.

"Siempre estamos abiertos a dejar una puerta, una vía de salida", explica un miembro de la dirección del PP, que anticipa a El Mundo que el Ejecutivo recuperará estas cuestiones en el debate del próximo 8 de abril. El propio portavoz adjunto de los populares Rafael Hernando lanzó un llamamiento a Mas para que "reflexione" y haga lo posible por no "golpearse contra un muro".

Con todo, el Gobierno teme que "la batuta" del así llamado "proceso" está, en realidad, en manos de ERC y de la nunca electa Asamblea Nacional Catalana (ANC). Además, en las últimas semanas Mas no ha descartado incluso una declaración unilateral de independencia y ha dejado dicho que, si el Gobierno plantea una propuesta, la someterá a consulta, pero que tal cosa no alteraría su disposición a celebrar un referéndum. De hecho, Mas ha eludido defender el próximo 8 de abril la petición del Parlamento autonómico, y ni siquiera tiene previsto acudir al debate.

El PSOE por su parte, por boca de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha indicado que apoyarán al PP en su rechazo al mismo, al tiempo que ha insistido en promover un "diálogo constructivo" con la Generalidad.