La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) argumenta que la "discusión jurídica" sobre el referéndum secesionista previsto para el 9 de noviembre compete al Tribunal Constitucional.
Así lo recoge en un escrito en el que pide el archivo de la querella por prevaricación, desobediencia, sedición y rebelión interpuesta por sindicato Manos Limpias el mes pasado contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas.
El texto descarta que haya base para acusar al dirigente nacionalista de estos delitos, y considera que "con la regulación legal apuntada y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se puede discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta-referendo prevista para el 9 de noviembre, pero la discusión jurídica ha de situarse en sede constitucional, sin que pueda convertirse una decisión política en una resolución administrativa prevaricadora".
La Generalidad solo puede consultar sobre "materias de su propia competencia"
La Fiscalía señala que "la distinción entre referéndum y consulta no es clara", pero apunta que el primero es competencia del Gobierno, mientras que las consultas las puede convocar la Generalidad, aunque deja claro que solo puede preguntar sobre "materias propias de su competencia", lo que descartaría la propuesta de Mas.
Pese a que acepta "a efectos dialécticos" la tesis de Manos Limpias sobre la conducta del presidente autonómico, el fiscal concluye que "no existe la orden o la resolución firme y de fondo de desobediencia", por lo que tampoco ve base legal para encausarlo por este delito.
En relación al Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) -también denunciado por el sindicato-, la Fiscalía señala que la creación de este "curioso organismo" puede "a priori hacer pensar en un dispendio gratuito, innecesario y sectario, ajeno a los intereses del pueblo de Cataluña", pero concluye que su constitución no ha generado ningún gasto de caudales públicos, así que por esta vía tampoco se puede acusar a Mas.