El Gobierno autonómico ha aprobado este martes la memoria preliminar del anteproyecto de ley para crear una tasa a las compañías de internet, con el objetivo de obtener fondos para el sector audiovisual catalán.

Esta polémica iniciativa, que planteó por primera vez el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, a finales del año pasado, consiste en gravar con 0,25 euros al mes cada línea contratada en Cataluña con conexión a internet, incluyendo las líneas de telefonía móvil.

La memoria preliminar no varía sustancialmente de lo que ya avanzó la Generalidad a finales de enero: el Gobierno autonómico espera recaudar unos 20,5 millones de euros al año con este impuesto, que se tendrán que destinar íntegramente a subvencionar el sector audiovisual catalán y a difundir el uso de internet.

Según ha explicado el propio Mascarell en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, se trata de un impuesto "finalista", similar a otros que ya se aplican en diferentes países europeos. Mascarell también ha asegurado que se prevén medidas para que las compañías no puedan repercutir la tasa en sus usuarios.

El consejero también ha opinado que la futura tasa, en realidad, será positiva para las operadoras, que "se benefician del consumo masivo" de contenidos audiovisuales en internet. En este sentido, ha asegurado que ha mantenido conversaciones con las principales compañías que trabajan en Cataluña, y ha confiado en que se llegará a un acuerdo, porque "al final entenderemos que [el impuesto] nos interesa a todos".

Las operadoras no lo ven claro

Sin embargo, las compañías ya se quejaron en su momento, cuando Mascarell empezó a plantear su proyecto, de que actualmente ya están tributando un 5% de sus ingresos para ayudar a los sectores audiovisuales europeo y español, y que la tasa de la Generalidad se añadiría a este importe.

El consejero ha justificado el impuesto refiriéndose a la dimensión económica del sector audiovisual catalán, que, según ha explicado, lo forman unas 2.000 empresas, con más de 11.000 puestos de trabajo, y aporta un total de unos 2.500 millones de euros anuales a la economía catalana. A la vez, ha razonado que el sector ha perdido un 50% de espectadores en una década, entre los años 2001 y 2012, y también ha sufrido un recorte de un 50% en subvenciones públicas.