La "declaración de soberanía" que aprobó el Parlamento autonómico hace un año, y que fue polémica desde el primer momento -provocó el primer episodio de desobediencia de diputados díscolos nacionalistas en el PSC- sigue trayendo cola. Impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno, ahora el Parlamento autonómico ha decidido estudiar la posibilidad de pedir la impugnación "de entre tres y cuatro" de los magistrados del Alto Tribunal que tienen que dictar sentencia. El Gobierno autonómico ya ha dicho que apoyará a esta solicitud de impugnación si finalmente se produce.
La decisión la ha tomado la mesa de la Cámara, a propuesta de su presidenta, Núria de Gispert. Según ha informado en un comunicado, el Parlamento autonómico encargará a sus servicios jurídicos un informe, "con urgencia y a fondo", que estudie "la viabilidad de recusar a algunos magistrados del Tribunal Constitucional por sus posicionamientos públicos y sus afinidades ideológicas en contra del derecho a decidir y de diferentes aspectos relacionados con Cataluña".
El Parlamento autonómico incluso ha puesto sobre la mesa dos nombres de magistrados que podría recusar: Pedro González-Trevijano y Enrique López, "por sus pronunciamientos reiterados sobre nacionalismo y el derecho a decidir en publicaciones, conferencias y seminarios de la fundación FAES", según explica la Cámara autonómica.
El acuerdo de Mesa del Parlamento autonómico guarda una relación estrecha con el recurso a la declaración de soberanía. De hecho, la propia Cámara ha precisado que, si finalmente opta por recusar a los magistrados, lo hará "en una semana o dos", antes de que estos dicten sentencia sobre el recurso a la "declaración de soberanía".
De Gispert también cita a la FAES
En declaraciones después de la reunión de la Mesa, De Gispert ha opinado que hay magistrados del TC que "muestran una animadversión clara contra los nacionalismos territoriales", y ha añadido que la Constitución determina que los miembros del TC "tienen que ser independientes y que la independencia se tiene que considerar desde la imparcialidad y la neutralidad".
"Puede haber un grupo de magistrados, tres o cuatro, con una relación constante de trabajo y de afinidad ideológica que permita considerar que no son imparciales", ha abundado De Gispert, aludiendo tácitamente a las publicaciones de López y González-Trevijano en la fundación del ex presidente José María Aznar.
Si finalmente se produce, esta no sería la primera solicitud de recusación por parte del Parlamento autonómico de un magistrado del TC en poco tiempo. Antes del verano, la Cámara ya pidió recusar al propio presidente del Alto Tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, considerando que su militancia en el PP demostraba "falta de imparcialidad". La solicitud fue denegada.
Por parte del Gobierno de CiU -con el apoyo externo de ERC-, la sintonía con la decisión del Parlamento autonómico es total. En rueda de prensa después del consejo Ejecutivo, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, ha explicado que el Ejecutivo dará todo el apoyo que les pida la Cámara a la posible petición de impugnación, porque considera "bastante evidente" que algunos magistrados del TC tienen "tienen claros prejuicios, y partidistas" en relación a la declaración de soberanía.