El Gobierno rechaza la consulta de Mas por considerarla "meramente especulativa"

"Los referendos consultivos están previstos en la Constitución sola y únicamente para someter a consulta de los ciudadanos decisiones políticas de especial trascendencia. Es decir, sólo puede consultarse lo que se va a decidir: no caben consultas meramente especulativas. Y si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente, pues estaríamos ante una de las facultades que, con arreglo al mismo artículo 150.2 de la Constitución, por su propia naturaleza no sería susceptible de transferencia o delegación".

Este es el argumento fundamental que recoge la posición del Gobierno frente a la petición del Parlamento autonómico de Cataluña al Congreso para que este delegue a la Generalidad la competencia para celebrar una consulta para la secesión de Cataluña.

Esta posición se plasma en el escrito que el Ejecutivo ha registrado en el Congreso este viernes, haciendo uso de su potestad para fijar criterio ante la proposición de la Cámara autonómica (que fue admitida a trámite en el Congreso el pasado 21 de enero), una práctica que es muy poco habitual.

No se puede "privar" de la soberanía "al conjunto del pueblo español"

El Gobierno subraya que la petición del Parlamento autonómico para delegar esta competencia no es constitucional ni en el aspecto formal, ni en el fondo del asunto.

"La eventual aprobación de la iniciativa en los términos propuestos podría suponer una vulneración de la Constitución en la medida en que con ella se pretende la delegación de una facultad o competencia que por su propia naturaleza no es susceptible de transferencia o delegación", indica el texto.

Y añade que admitir esta petición, que tiene por objeto que los ciudadanos de Cataluña se pronuncien sobre su "futuro político", equivaldría a proclamar que, por su sola decisión unilateral, puede disolverse lo que la Constitución proclama indisoluble y dividirse lo que declara indivisible.

El Ejecutivo insiste en que lo que se reclama es transferir a una parte de los españoles una decisión que afecta a todos.

"Ni este Gobierno, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento [autonómico] de Cataluña pueden legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo", concluye.