Las escuelas maniobran para evitar dar más clases en castellano

La Escola Pia de Sarrià en Barcelona, uno de los cinco centros objeto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano, se personará como parte afectada en la causa después de que así lo solicitaran tanto la dirección como el AMPA del colegio. Otro tres centros (también concertados) esperan que el tribunal se pronuncie sobre sus respectivas demandas.

El TSJC ha admitido que la Escola Pia de Sarrià se incorpore al proceso, con lo cual se abre la puerta a que tanto escuelas como familias puedan recurrir la sentencia. En primera instancia, el centro en cuestión confía en suspender el plazo de un mes dado por el TSJC para que se implante la medida. La maniobra la justifica el abogado Miquel Portals, del depacho Roca Junyent que representa a dos de las AMPAS involucradas:

"A la vista de la nueva situación, con nuevos recursos, pediremos que se detenga la ejecución de los autos. [...] Implantar el 25% de clases en castellano es una medida de gran complejidad, que requiere cambios metodológicos y el consenso del consejo escolar".

Por su parte, desde la Fundació Escola Cristiana, que da cobijo a los cuatro centros concertados afectados por la medida (el quinto es una escuela pública), consideran asimismo que "al haber un nuevo actor se podrían paralizar las medidas cautelares hasta que se resuelvan los recursos".

La sentencia deberá aplicarse a partir del viernes

El caso es que el plazo otorgado por aquella sentencia -emitida a principios de febrero- para hacer efectiva la enseñanza en castellano en al menos un 25% del total de clases impartidas finaliza entre este viernes y el próximo martes, según el centro. En un nuevo intento de soslayar las sentencias judiciales, la Consejería de Enseñanza se reunió este lunes con directores de colegios para sopesar la viabilidad de esta nueva maniobra y retrasar más si cabe el bilingüismo escolar.

En efecto, el recurso presentado por la consejería que dirige Irene Rigau (CiU) aún no ha obtenido respuesta, y ahora no queda otra alternativa que fiarlo todo al recurso que presenten los propios centros escolares. Si tampoco estos prosperan, los directores estarán obligados a dar más clases en castellano a partir de este viernes, so pena de enfrentarse a cuantiosas multas.

El abogado de la Escola Pia de Sarrià ha avanzado que uno de los argumentos del recurso consistirá en apelar al derecho del resto de padres a que sus hijos estudien en catalán. "El tribunal hasta ahora no ha tenido en cuenta el deseo del resto de las familias y estas quieren ahora defender la escuela en catalán y recordar que las escuelas concertadas tienen su propio proyecto lingüístico que los padres han aceptado en el momento de inscribir a sus hijos", señala Portals.

"Una proyección razonable" del castellano

Sin embargo, los documentos judiciales han señalado hasta ahora con meridiana claridad que resulta "perfectamente legítimo que el catalán, en atención al objetivo de normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, aunque siempre con el límite de que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma", es decir, que se garantice "una proyección razonable" del castellano como lengua vehicular.

Por lo demás, tampoco los jueces han creído oportuna la estrategia acometida hasta el presente por Enseñanza, consistente en proveer una atención individualizada a quien solicite recibir las clases en castellano.

Tal cosa "conduce a una situación de discriminación en grupos de clase por razón de su lengua habitual", han explicado en autos anteriores. Con la obligatoriedad de un 25% de clases en castellano se pretende, al cabo, que la propia asignatura de lengua castellana, y una materia más, sean impartidas en la otra lengua oficial de Cataluña.