La Generalidad no acatará los cinco recientes autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenan ofrecer a los recurrentes, al menos, un 25% de las clases en castellano.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia y portavoz autonómico, Francesc Homs, este martes. "No moveremos ni una coma" del actual modelo de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

Esta posicion de Homs se suma a la anunciada ayer por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, quien durante una entrevista en Catalunya Ràdio fue incluso más allá y reveló cuál será la estrategia del Gobierno autonómico respecto a la inmersión: "Hemos de saber encontrar formas de hacer lo mismo pero de otra forma".

"Aplicaremos y cumpliremos la LEC"

Homs ha insistido en que todo el Gobierno autonómico "hace suya plenamente toda la estrategia que ha diseñado la Consejería de Enseñanza", que se basa en tres ejes: recurrir los autos, "defender el interés general de nuestro modelo pedagógico" y "aplicar la Ley de Educación de Cataluña (LEC)".

En este sentido, preguntado en reiteradas ocasiones sobre si la Generalidad aplicará las sentencias del TSJC, Homs se ha limitado a repetir que "aplicaremos y cumpliremos la LEC", una ley que, ha insistido, "garantiza el conocimiento correcto del catalán y del castellano, fue aprobada por amplísima mayoría, está en vigor, es legal y garantiza la cohesión social".

"Estamos aquí porque hemos resistido"

Rigau, por su parte, ha denunciado que los autos del TSJC suponen "una situación llevada al límite, que nos pone ante los principios que hemos considerado más sagrados", en referencia a la inmersión obligatoria.

Además, ha asegurado que "el castellano se utiliza como lengua vehicular en un porcentaje importante de los centros, depende de las necesidades sociolíngüísticas de cada escuela". Un uso que ha cifrado en que hay un 14% de los centros escolares en los que "una parte de alguna de las materias" se imparte en español.

Preguntada sobre si desacatará las sentencias de los tribunales, Rigau ha respondido: "Estamos aquí porque hemos resistido". Pero también se ha referido a los directores de los colegios a los que se dirigen los autos del TSJC:

"Yo solo puedo felicitar a los directores de estas escuelas, que saben estar perfectamente, es una situación que no habíamos vivido, saben también qué situación vive el país, creo que también se interpreta adecuadamente, y ahora lo que hemos de procurar es que en el seno de cada centro esta misma buena forma de enfocar las cuestiones se mantenga. [...] Esperamos tener la complicidad sana y la autoridad para poder hacer que el modelo de escuela catalana en lengua y en contenidos (porque los contenidos también quedan afectados [por la LOMCE]) lo podamos continuar construyendo. A partir de septiembre comienza el nuevo curso, y hemos de saber encontrar formas de hacer lo mismo pero de otra forma".

Reconoce que un millar de padres han pedido educación bilingüe

La consejera ha descartado que estos autos puedan generar un efecto dominó, y que otros padres también reclamen una educación bilingüe para sus hijos. "En todo caso sería [necesario] todo este proceso judicial, porque para llegar a aquí se necesita mucha constancia, porque esto no es: yo presento una instancia y ya está", ha advertido, aunque fuentes jurídicas han explicado a CRÓNICA GLOBAL que estas decisiones judiciales han creado un precedente que aceleraría los futuros procesos.

Rigau también ha reconocido que alrededor de un millar de padres han solicitado a la Consejería una educación bilingüe, pero todas fueron respondidas negativamente. Además, ha consederado que "no son posiciones personales" sino "posiciones inducidas, en muchos casos" porque fueron coordinadas por Convivencia Cívica Catalana, "una entidad que hace muchos años que busca el conflicto".

Este mismo lunes, la propia Rigau junto a la secretaria general de la Consejería de Enseñanza, María Jesús Mier; el director general de Centros Públicos, Antoni Llobet, y el director general de Centros Concertados y Privados, Miquel García, coordinaron la estrategia a seguir para evitar que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas junto al catalán. Una estrategia que pasará por la presentación, este viernes, de un recurso contra los autos del TSJC.