El presidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, medita su dimisión tras valorar que el hecho de haber sido imputado en el caso Neymar llevará aparejada una larga batalla jurídica que perjudicaría la imagen del club.
La decisión del juez Pablo Ruz de admitir a trámite la querella interpuesta por el socio azulgrana Jordi Cases "por supuesto delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción" ha provocado que Rosell se reúna con la junta directiva del club en los próximos días para confirmar su decisión de abandonar el cargo.
"Este asunto está en Madrid por una cuestión estratégica"
Por su parte, el F.C. Barcelona ha presentado un recurso de reforma contra la resolución del juez Ruz para solicitar, además, que el caso se traslade a los juzgados de Barcelona. A ojos del portavoz azulgrana Toni Freixa, "este asunto está en Madrid por una cuestión estratégica del querellante, que entendío que allí tendría mejor acogida y, sin duda, mayor repercusión mediática".
Y mientras tanto, la directiva insiste en que por el jugador brasileño se pagaron 57 millones de euros. Si bien Freixa admite que "fue un error no explicar claramente a dónde iban los 57 millones. Es raro no poder decir dónde iba el dinero". Sobre el resto de millones ahora en cuestión, el portavoz azulgrana se ha limitado a declarar que "son fórmulas de retribución del jugador [...], fórmulas que se utilizan en muchos clubs".
Si la condena no se confirma, los estatutos del club no indican que el imputado deba abandonar la presidencia. En caso contrario, no obstante, consideran una infracción muy grave "cualquier acción u omisión contraria a la ley, que tenga gran trascendencia pública, difusión en los medios de comunicación y cause perjuicios materiales o morales de consideración al club". En este caso, los estatutos establecen la prohibición de acceder al Camp Nou, la suspensión de la condición de socio e incluso la expulsión del club.