Política
El alcalde de Tarragona sólo cederá el censo para la consulta independentista con autorización
Ballesteros recalca que "si la consulta no es legal" no aportará los datos del padrón municipal. Difiere en matices de lo que dijo el alcalde de Lérida, Àngel Ros, el día anterior
8 enero, 2014 18:46Continúa la polémica sobre el censo de los ayuntamientos y el hipotético referéndum independentista. El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, se ha posicionado al respecto este miércoles, y ha dejado claro que sólo entregaría el padrón municipal para la organización del referéndum con autorización del Gobierno.
"Si yo no puedo ceder, por ley, datos privados del censo, no los cederé. Y si alguien, que sólo puede ser el Estado, me dice que yo puedo ceder el censo, de manera legal, pues lo cederé". Así de claro se ha mostrado Ballesteros en los micrófonos de la Cadena Ser. Añadiendo aun otra puntualización: "Es evidente que si la consulta no es legal no cederé los datos del censo, porque no me está permitido por la ley de protección de datos", ha dicho.
Un debate abierto por el PP
Ballesteros se moja así en el debate propuesto el lunes por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que afirmó que la decena de ayuntamientos catalanes con alcalde popular -entre los cuales destacan Badalona y Castelldefels- se negarían a entregar a la Generalitat los datos del padrón municipal si esta pretendiera usarlos para elaborar el censo de la consulta.
Sánchez-Camacho, además, retó a los alcaldes socialistas a imitar a los del PP. Y, a pesar de que la dirección del PSC ha querido rehuir entrar en esta polémica, algunos alcaldes socialistas sí lo han hecho.
Concretamente, ayer martes fue el alcalde de Lérida, Àngel Ros, integrado en el sector nacionalista del partido. Ros, como Ballesteros hoy, también dejó claro que sólo entregaría los datos del padrón municipal para una consulta "si una ley lo dice". El matiz es que Ballesteros ha recalcado que esta ley tendría que provenir del Gobierno, mientras que Ros no lo precisó, dejando así abierta la puerta a interpretar que podría acceder a entregar el censo si lo autoriza una ley autonómica.