El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado este martes a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, arguyendo que su intervención en Aizoon -de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarín- cumplía la función de "escudo frente a Hacienda", como ya sostuvo en su día el propio notario de la empresa, Carlos Masía.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca sostiene en el auto que la adquisición por parte de la Infanta del "nada despreciable montante" del 50% del capital de Aizoon constituía una "aspirada protección fiscal" que, "lejos de manterse oculta", fue trasladada a Masía. "De una ingenuidad imperdonable sería que a Doña Cristina de Borbón se la ocultasen y ni qué decir tiene que, para ese caso, ella no lo adivinase y prestara a ello su tácita conformidad", concluye Castro.
Masía admitió en comparecencia ante el magistrado que era "muy peligroso ponerla en una sociedad expuesta a muchas cosas" y sometida a "muchos avatares, quiebras y concursos". Del mismo modo trasladó estas dudas al entonces asesor fiscal del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, quien no obstante contestó, según Masía, "que no habría problema" porque Hacienda concedería "un trato especial a la Infanta".
"Hay que confiar siempre en la justicia"
El instructor insiste en que Aizoon se creó "con el deliberado propósito" de ser empleada para canalizar el reparto de los beneficios que "obtenía e ilícitamente por demás" del Instituto Nóos, que a su vez percibió aproximadamente seis millones de euros de las administraciones autonómicas valenciana y balear.
Tras conocer la decisión del magistrado, que ha citado a declarar a la Infanta Cristina para el próximo 8 de marzo, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, ha expresado su "respeto a las decisiones judiciales". "Hay que confiar siempre en la justicia", ha declarado, "lo único que pedimos" es "que termine pronto", ha señalado Spottorno.