El informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) sobre la Administración Tributaria de la hipotética Cataluña independiente ejemplifica, al igual que otros documentos realizados por el organismo de expertos designados por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, las contradicciones, las vaguedades, el voluntarismo y la falta de planificación del proyecto secesionista.

El infome parte de la idea, evidente, de que caben dos vías para construir una autoridad fiscal catalana: mediante un acuerdo con el Estado, o sin él. 

Curiosamente, el documento es mucho más concreto cuando analiza la alternativa de la colaboración por parte de la Administración General del Estado en el hipotético proceso -que implicaría la cesión de personal, de bases de datos, del sistema informático y la aplicación transitoria de la legislación estatal- que cuando trata de explicar cómo implementar una administración tributaria a partir de los servicios fiscales de las diputaciones y de la actual Agencia Tributaria de Cataluña.

Un proceso de, al menos, dos años, en caso de colaboración

Incluso en el caso de que hubiese colaboración por parte del Gobierno, el CATN considera que serían necesarios dos años para poder poner en funcionamiento tota la maquinaria.

Sin colaboración, en cambio, no se fijan plazos temporales, pero estos serían muy prolongados en el tiempo, según las dificultades de todo tipo que el propio informe prevé.

Por ello, el documento trata de suplir el evidente problema recaudatorio con el que se encontraría la Generalidad planteando propuestas poco ortodoxas, tales como la de ampliar el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales para evitar que los contribuyentes puedan aprovecharse del previsible caos inicial, así como hacer llamamientos al patriotismo, lo que se concretaría en la emisión de bonos patrióticos a cuenta del pago de tributos futuros, e instar a la presentación voluntaria de datos por parte de los administrados.

Pese a todos los problemas, prevén una subida sustancial de la recaudación

El informe también cuenta con la emisión de empréstitos internacionales, sin embargo, no señala en ningún momento la calificación actual de los bonos de la Generalidad -en el nivel del bono basura-, que imposibilita de facto la opción de la financiación internacional, una situación que no mejoraría con la independencia.

Además, el documento da por supuesta una mayor colaboración por parte de los contribuyentes durante todo el hipotético proceso. Y, a pesar de los efectos económicos negativos de la independencia y de los reconocidos problemas de gestión inherentes a una nueva estructura de este tipo, prevé una mayor recaudación de impuestos y de cuotas empresariales a la Seguridad Social, que consideran que pasarían de un cálculo actual de unos 70.000 millones de euros anuales, a una horquilla de entre 70.000 y 100.000 millones de euros.

Todo ello sin concretar ningún calendario -ni siquiera de forma aproximada-, y pese a que el informe reconoce que, sin la colaboración del Estado, la elaboración de una base de datos fiscales fiables y la implementación y gestión de un nuevo sistema informático son dos problemas de difícil, larga y cara resolución.