El Gobierno de la Generalidad pone en marcha una solución temporal para la llamada pobreza energética, la situación de los que tienen dificultades para pagar los recibos de los suministros energéticos, y que corren el riesgo de que estos les sean cortados por falta de pago: esto no sucederá este invierno.
El Ejecutivo autonómico ha aprobado este lunes un decreto ley que modifica el Código de Consumo de Cataluña para "impedir la interrupción del suministro energético a las personas en situación de vulnerabilidad económica durante los meses de invierno", desde noviembre hasta marzo, según informa la Generalidad en un comunicado.
Para acogerse a esta medida de protección, hay que estar en situación acreditada de vulnerabilidad económica, es decir, formar parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de Renta de Suficiencia, -al cual se tiene que añadir un 30% a partir del tercer miembro-. Además, se tiene que tratar de personas o familias "que no tengan posibilidad de reducir su consumo de bienes y servicios, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales".
La deuda no se perdona
Las personas que pidan acogerse a esta medida tendrán que presentar un informe de los servicios sociales básicos que acredite el cumplimiento de los requisitos pedidos en un plazo de diez días después de recibir el aviso de interrupción del suministro de gas o electricidad. Una vez acreditada su situación de vulnerabilidad económica, el suministro no se cortará. Pero la deuda acumulada tampoco se perdonará, sino que "se aplazará en las condiciones que acuerden los usuarios y las empresas suministradoras, y se podrá satisfacer entre los meses de abril y octubre siguientes".
En el comunicado, el Gobierno autonómico explica que esta medida estaba incluida en el paquete legislativo de los presupuestos de 2014, que "ha sido bloqueado por el PP con la solicitud de un informe al Consejo de Garantías Estatutarias". De hecho, en el momento en que el PP presentó este recurso, uno de los argumentos de crítica a los populares, desde CiU, fue precisamente que estaban impidiendo aprobar esta medida de protección.
Así se expresó, por ejemplo, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, la semana pasada, cuando afirmó que "el PP perjudicará a las personas más vulnerables". Algo que, como ha quedado demostrado este lunes, no era del todo cierto, porque se podía sacar adelante la medida de protección con un decreto, tal y como ha sucedido.