Narcís Serra y Adolf Todó, de Caixa Catalunya
Política
El juez amplía la querella de la CUP contra Serra y Todó por la compra de unos terrenos
Se amplía la querella de la formación cupaire contra los miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010, que ya están imputados por un delito de administración desleal por haberse otorgado sueldos "desproporcionados". El nuevo hecho es una operación immobiliaria en Lérida, al comprar unos terrenos por 50 millones, donde después no se construyó nada. La CUP ejerce la acusación popular en el caso.
2 diciembre, 2013 18:03El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha admitido este lunes a trámite el escrito de ampliación de la querella que presentó en octubre la CUP contra los 54 integrantes de consejo de administración de Catalunya Caixa del año 2010, imputados por un delito de administración desleal, por otorgarse unos aumentos de sueldo que la fiscalía considera "desproporcionados y ajenos a la situación real de solvencia" de la entidad. Ahora la querella incluirá también una operación inmobiliaria fallida en Lérida. Entre los imputados están el ex presidente de la entidad Narcís Serra y la ex director general Adolf Todó.
La operación ahora investigada es la compra, por parte de Catalunya Caixa, de unos terrenos de titularidad municipal adyacentes a La Llotja de Lérida, que el Ayuntamiento vendió para financiar el nuevo palco. Catalunya Caixa pagó 50 millones de euros por aquellos terrenos, donde tenía previsto edificar unas torres de gran altura -que no se llegaron a construir-, en 2010, cuando ya había estallado la burbuja inmobiliaria y la crisis del sector financiero.
Según argumenta la CUP en su querella, las pérdidas con esta operación fallida podrían representar un delito de administración desleal, penado con entre seis meses y cuatro años de prisión. La formación cupaire añade que el terreno se compró por un precio superior al que fijaba el mercado en aquellos momentos.
Aumentos de sueldos "en un entorno de grave crisis"
Los 54 ex directivos de Catalunya Caixa contra los cuales va dirigida la querella de la CUP están ya imputados por otro presunto delito de administración desleal. Según la denuncia de la fiscalía contra los integrantes de los consejos de administración de la entidad de 2010 se otorgaron "retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas sobre todo cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país".
La denuncia señala que "desde la creación de Catalunya Caixa en 2010, la entidad ha estado otorgando a sus directivos unas retribuciones -entre sueldos, incentivos y dietas- exageradamente altas y desproporcionadas, en el mismo momento en que solicitaba una inyección de dinero público por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)". Sólo dos años después, la entidad fue intervenida y nacionalizada por el Gobierno, después de un rescate de cerca de 12.000 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, añade que los 54 directivos denunciados, entre los cuales destacan Serra y Todó como "principales beneficiarios", cometieron un "evidente abuso del cargo" cuando "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".
La CUP ejerce la acusación popular en este caso, y uno de sus representantes electos, el diputado David Fernández, se ha significado recintemente por enfrentarse verbalmente a varios banqueros imputados en sus comparecencias en el Parlamento autonómico. Primero, a los propios Serra y Todó, y posteriormente al ex presidente de Bankia Rodrigo Rato, a quien llegó a amenazar con una sandalia.
