Las "ofensas o ultrajes" a España o a las CCAA se multarán con hasta 30.000 euros

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que recoge duras multas a determinados tipos de protestas en la calle, así como a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Un texto que fue fuertemente criticado desde la izquierda, y que, pese a las críticas, no se ha visto rebajado sustancialmente respecto al borrador difundido la semana pasada. Por el contrario, se ha añadido una nueva sanción que se prevé que sea igualmente polémica.

El anteproyecto considera "infracción grave", sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros, "las ofensas o ultrajes a España, a las CCAA y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado que la futura ley sancionará con estas fuertes multas conductas como gritar consignas que se consideren ofensivas contra España o las CCAA, o también portar pancartas con lemas de este tipo. Por contra, ha asegurado que lanzar consignas a favor de la independencia de algún territorio español -es decir, contra la unidad de España-, seguirán sin ser sancionable.

Esta nueva sanción es una novedad respecto al polémico borrador de la semana pasada. Y ha eclipsado en parte el hecho de que el texto aprobado en el Consejo de Ministros rebaja solo muy levemente algunas de las sanciones previstas hace diez días.

Las rebajas

Así, si en el borrador se consideraba infracción muy grave -multas hasta 600.000 euros- participar en manifestaciones "no comunicadas" delante "de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales", ahora la multa será solo de entre 1.001 y 30.000 euros, al pasar a ser consideradas "infracciones graves".

Por otra parte, mientras el borrador castigaba también con hasta 600.000 euros manifestarse sin comunicación "ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto", ahora esta máxima sanción solo se aplicará cuando haya "un riesgo para las personas o un perjuicio para su funcionamiento". En el resto de casos, la sanción será de hasta 30.000 euros.

A la vez, se reducen de "grave" a "leve" otras de las sanciones que más polémica causó la semana pasada: "amenazar, coaccionar, vejar e injuriar" a los agentes de policía "cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones", o bien "la grabación y la difusión" de imágenes de agentes "en el ejercicio de su trabajo" si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o "la a intervención policial correspondiente". Estas conductas se sancionarán con hasta 1.000 euros, en lugar de hasta 30.000, como contemplaba el borrador.

Las multas no pasarán por un juez

El texto trata como infracciones todo este tipo de comportamientos, y no como faltas, "en sintonía con el proyecto de Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el que desaparecen las faltas, ya que algunas se convierten en delitos leves y otras quedan fuera del ámbito de las infracciones penales", según afirma el Gobierno, en la presentación del anteproyecto. "De este modo, ciertos comportamientos dejan de ser sancionables en el ámbito penal y pasan a serlo en el ámbito administrativo", continúa el Ejecutivo. Algo que también ha sido ya criticado.

La crítica aduce que, al tratar como infracciones administrativas -equivalentes a multas de tráfico- lo que antes eran faltas, los posibles manifestantes afectados quedan más desprotegidos, ya que la sanción no ha de ser ratificada antes por un juez. Por contra -y como ocurre también con las multas de tráfico- tendrá que ser el ciudadano sancionado quien tome la iniciativa de recurrirlas.

El Gobierno concluye que el anteproyecto es "un texto firmemente comprometido con los derechos fundamentales y libertades que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos para que la violencia y el vandalismo tengan una respuesta legal".