Insultar a la policía en una manifestación se podría multar con hasta 30.000 euros

El borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que está preparando el Ministerio del Interior, que encabeza Jorge Fernández Díaz (PP), y que se prevé que llegue en breve -posiblemente este viernes- al Consejo de Ministros contempla limitaciones a determinados tipos de protestas en la calle, así como fuertes multas a manifestantes que incurran en conductas sancionables. Desde la izquierda se ha criticado el proyecto, considerando que atenta contra el derecho de manifestación. El Ministerio ha recordado que se trata de un borrador, y ha calificado las críticas de "apresuradas".

Los aspectos que más han destacado del borrador, que se ha filtrado este martes, son las sanciones administrativas a manifestantes. El texto considera como "infracción grave", castigada con una multa de entre 1.001 a 30.000 euros, conductas como por ejemplo "amenazar, coaccionar, vejar e injuriar" los agentes de policía "cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones".

También entra dentro de esta consideración de falta grave, con el mismo castigo económico, "alterar el orden público encapuchado" o con la cara tapada de alguna otra forma, "obstaculizar la vía pública con neumáticos" u otros objetos, o bien "escalar como acción de protesta edificios públicos".

Rodear el Congreso o los parlamentos autonómicos, 600.000 euros

Y más todavía se castigarían otras acciones. El borrador considera como infracción muy grave, penada con multas de 30.001 a 600.000 euros, las manifestaciones "no comunicadas" delante "de instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales", así como "ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto".

Si este borrador hubiera sido una ley en vigor, los participantes en los círculos en el Congreso en septiembre del 2012 y en abril pasado, o en el Parlamento autonómico de Catalunya en junio del 2011 habrían podido ser multados con hasta 600.000 euros. También habrían merecido esta misma multa algunas acciones célebres de protesta de organizaciones ecologistas en centrales nucleares.

También sería falta muy grave "la grabación y la difusión" de imágenes de agentes de la policía "en el ejercicio de su trabajo" si atentan contra su derecho al honor o su imagen o si pueden poner en peligro su seguridad o "la a intervención policial correspondiente". Igualmente serían falta muy grave los "escraches o actos de acoso a cargos públicos", o una muy indefinida "perturbación grave del orden en actos públicos".

El texto también plantea mano dura (económica) con la simple tenencia de droga. Se prevén multas de 1.001 a 3.000 euros por "la tenencia ilícita, el transporte o el abandono" de drogas. Y también para "plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana, aunque no sea para traficar". Hasta ahora, cultivar droga para consumo propio no está castigado.

El texto todavía está sujeto a todo tipo de cambios. Tiene que ser analizado en primer lugar -y después de las reacciones que ha suscitado su filtración- dentro del propio Ministerio, en la comisión de subsecretarios. Posteriormente, tiene que pasar al Consejo de Ministros y finalmente se tiene que tramitar como ley orgánica a las Cortes Generales. Si se aprueba, sustituirá la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, de 1992, popularmente conocida como Ley Corcuera, por el ministro socialista que la impulsó. Una ley, por cierto, que también fue muy criticada en su momento.

El PSOE ve anticonstitucionalidad

Desde la oposición de izquierdas se ha recibido con hostilidad este borrador. El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, ha afirmado que el PP pretende "embridar el derecho de manifestación", y el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, cree que el texto vulnera la Constitución.

El diputado de ICV en el Congreso y portavoz del Grupo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha recordado que la Ley Corcuera era también denominada por algunos "ley de la patada en la puerta", y ha opinado que la que ahora prepara el Ministerio representa una "patada en la boca de la democracia".

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha respondido a las críticas calificándolas de "apresuradas". Martínez ha señalado que estas críticas se han hecho "sin ni siquiera conocer la letra de la ley", puesto que el borrador está en una fase "muy preliminar". "Queda mucho recorrido y mucho debate", ha cerrado.