'Sociovergència' total en sanidad

CiU y PSC han envidenciado, este jueves en el pleno del Parlamento autonómico, la esencia de lo que en el argot político y periodístico se conoce como sociovergència. Y consiste, simplemente, en votar juntos unas conclusiones parlamentarias, en este caso, que no envían ningún mandato concreto a la Generalidad para mejorar la sanidad y corregir los presuntos casos de corrupción.

La Comisión de Investigación sobre la Gestión en el Ámbito Sanitario y las Relaciones entre el Sector Público Sanitario y las Empresas ha finalizado su recorrido iniciado el pasado 13 de febrero tras la aprobación de una resolución por la que se creaba la comisión para investigar los casos de presunta corrupción en la gestión de Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), el Grupo Innova de Reus, el Hospital de San Pablo y la Corporación Salud Maresme y la Selva.

Tras once reuniones de la comisión, 33 comparecencias de implicados y expertos y documentación, la sociovergència ha pasado el rodillo por encima de las conclusiones, que han sido votadas en contra en su conjunto por ICV-EUiA, Ciudadanos y la CUP; y han recibido la abstención de ERC. El PP, por su parte, ha alternado el voto entre el sí, el no y la abstención en distintos temas.

Hombres del PSC

Los votos de CiU -a favor de todo el dictamen que salió de la comisión- y el PSC han sido suficientes. Los dos partidos han ratificado lo defendido en la comisión parlamentaria, a excepción de un punto relativo a los presuntos pagos irregulares recibidos por José Ignacio Cuervo, ex delegado de la Generalidad en Madrid durante el segundo tripartito y hombre del PSC, y Ricard Gutiérrez, ambos por sus responsabilidades al frente del Hospital de San Pablo, en el que el PSC ha votado en contra y lo ha tumbado.

Las conclusiones de la comisión reconocen, entre otras cosas, la "excelencia" del sistema sanitario autonómico de Cataluña y la "bondad de un modelo de éxito". Y, además, se agradece públicamente la tarea de los profesionales sanitarios; así como se anima a que la Generalidad lleve a cabo "reformas estructurales" para restablecer la confianza.

El texto del dictamen apuesta por incrementar los mecanismos de control y transparencia a la hora de gestionar los servicios de los centros de salud públicos. Y en él se insta a la Generalidad a presentar -que no aprobar-, en un plazo máximo de tres meses, una propuesta de reforma urgente del régimen de incompatibilidades en el sector público y la redacción de un código ético y de sostenibilidad para el sector sanitario.

Una comisión de investigación que no investiga

Sin embargo, las conclusiones evitan valorar el trabajo hecho por algunos gestores que están implicados en casos de presunta corrupción, como el ex presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat, el ex director del CatSalut Carles Manté, el ex alcalde de Lloret de Mar (Barcelona) y diputado autonómico, Xavier Crespo, y el ex presidente del CSC y presidente del Grupo Serhs, Ramon Bagó.

El documento aprobado señala, en varias ocasiones, que varios de los comparecientes que pasaron por la comisión tienen procesos judiciales abiertos y, por lo tanto, al encontrarse sub iúdice, "hay aspectos que no se han podido investigar". Es decir, la comisión de investigación no puede investigar.

Tampoco se abordan las presuntas malas prácticas, y el texto de las conclusiones se limita a "dejar claro que las irregularidades que se hayan podido detectar en alguna institución no representan la globalidad de un sector altamente profesionalizado, serio y honrado".

"Fraude parlamentario"

Albert Batet (CiU) y Jordi Terrades (PSC) han defendido, durante el debate previo a la votación -que se ha alargado durante casi una hora porque ha habido momentos en los que se ha votado párrafo a párrafo de un documento de 36 páginas del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña-, el modelo sanitario público autonómico de Cataluña.

Por su parte, la diputada autonómica de ERC Alba Vergés ha mostrado la insatisfacción de su grupo ante las conclusiones porque, a su juicio, son superfluas, no profundizan en los casos investigados y evidencian "falta de autocrítica" por parte de los partidos que han gobernado la sanidad los últimos años: CiU y PSC. Sin embargo, ERC se ha abstenido en todo.

Jordi Roca (PP) ha cargado duramente contra el resultado de la comisión, al considerar que nació amputada y que su contenido ha sido un "fraude parlamentario"; y ha acusado a la Generalidad de haber empeorado la sanidad a cambio de construir estructuras de Estado: "Acuso al régimen de ponernos en la lista de espera en favor de la construcción nacional".

"Tramposos", "politiqueo de bajo vuelo" y "pacto de silencio"

Desde ICV-EUiA, el diputado autonómico Marc Vidal ha tachado de "cínicas y vergonzosas" las conclusiones aprobadas, alegando que se ha pasado de puntillas por encima de los casos investigados: "La comisión iba de pillos y tramposos, y no está bien que el Parlamento [autonómico] no diga ni una línea sobre estas personas".

La posición de Ciudadanos, defendida por José Manuel Villegas, se ha basado en definir las conclusiones de la comisión como "una farsa y un engaño", y ha acusado a CiU y PSC de haber perdido la posibilidad de ser honestos con los ciudadanos: "Han preferido el regate corto, el politiqueo de bajo vuelo y taparse las vergüenzas".

Finalmente, Isabel Vallet (CUP) también ha lamentado la resolución de la comisión de investigación: "Es una farsa. Han hecho el ridículo y dan mucha vergüenza", refiriéndose y señalándoles con el dedo a los diputados autonómicos de CiU. Las conclusiones visualizan, en su opinión, un "pacto de no agresión y de silencio" entre nacionalistas y socialistas.