PP y C's critican unas cuentas que avanzan hacia el referéndum secesionista

El portavoz del grupo parlamentario del PP, Enric Millo, ha criticado duramente el proyecto de presupuestos de la Generalidad porque, según considera, su "única finalidad" es "mantener el objetivo compartido de CiU con ERC de llevar a Cataluña hacia un referéndum para la independencia".

"Los presupuestos son la traducción económica de las prioridades políticas de un gobierno", ha dicho Millo, que ha razonado que las cuentas que ha presentado el Gobierno autonómico de CiU "son unos presupuestos de subsistencia, no de reactivación económica", y que se han presentado "para seguir gobernando, con el objetivo de no tener que convocar elecciones anticipadas".

Millo también ha hecho críticas estrictamente económicas en los presupuestos. Especialmente, en cuanto a "la política errática del incremento de la presión fiscal, perjudicando así la reactivación de la economía". En este sentido, el dirigente popular ha asegurado -aludiendo al hecho que las cuentas anteriores, las de 2012, fueron pactadas por CiU y PP- que "con estos presupuestos volvemos a la política económica del tripartito, la política que ha llevado a Cataluña a la miseria estrepitosa y de la que es autora intelectual ERC".

El "coste" de la consulta

Unas críticas parecidas a las que ha hecho el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Jordi Cañas, que cree que las cuentas también responden "al plan de CiU y ERC para satisfacer su ansia de convocar una consulta separatista en 2014".

"La fecha y la pregunta de la consulta separatista tienen un precio: 1.200 millones de euros en recortes", ha dicho contundentemente Cañas, que ha lamentado que las cuentas "no recorten en la administración pública improductiva ni en estructuras administrativas, mientras aumentan los impuestos a quienes más pagan".

"Este no es un proyecto de presupuestos de 2014, es un palo en toda regla para Cataluña", ha asegurado Cañas. Un "palo", según Cañas, para "las familias", porque "significa más tasas y más impuestos", para las pymes, porque no se contempla "ningún tipo de medida de reactivación económica y se aumenta la presión fiscal", para los funcionarios, porque se mantiene el recorte de su sueldo, y "para los proveedores de servicios básicos porque no compromete los pagos que tiene pendientes con ellos".