La Generalidad crea un grupo de trabajo vinculado al departamento de la Presidencia para acelerar la privatización de medio millar de depuradoras en Cataluña, así como de otras mil pendientes de ser construidas. Con esta medida, el Gobierno autonómico espera ingresar un máximo de 1.400 millones de euros.
La titularidad de estas depuradoras está repartida entre la Agencia Catalana del Agua (ACA) -apenas con el 30% de las estaciones existentes en Cataluña-, los consejos comarcales y otros entes municipales como el Área Metropolitana de Barcelona.
La tarea a contratiempo de la Generalidad pasa por emprender los cambios legislativos pertinentes para arrogarse el derecho de concesionar su gestión a empresas privadas, según informaba este lunes El País.
La Generalidad pugnará por su titularidad
Este proceso no será sencillo. De entrada, no está nada claro qué administración tiene potestad sobre las dos mayores depuradoras que hay en Cataluña, la de El Prat y la del Besós, que fueron financiadas por el Gobierno con fondos de cohesión de la Unión Europea.
La Generalidad se ha propuesto que todas ellas pasen a manos autonómicas, con lo cual tendrá que lidiar, además, con las presiones de los poderes locales que aspiren a mantener la gestión. La mayor ventaja del Gobierno autonómico es que tiene capacidad para acometer las inversiones señaladas por el Plan de Saneamiento, que establece una inversión de 800 millones para nuevas plantas y el mantenimiento y actualización de las actuales.
En contra, tampoco parece sencillo que la Generalidad pueda encontrar suficientes competidores para sus planes de privatización de todas las depuradoras. Según fuentes de la operación recogidas por el diario de Prisa, tienen claro que, "a menos demanda, menor precio", con lo cual los proyectados 1.400 millones de euros difícilmente puedan concretarse.