Política
Las farmacias catalanas advierten de que no seguirán adelantando a la Generalidad el coste de los medicamentos
Los ciudadanos podrían tener que avanzar el 100% del precio de los medicamentos con receta si la Generalidad no satisface su deuda acumulada con las farmacias. El Gobierno autonómico responde a los farmacéuticos anunciando un plan especial para evitar el desabastecimiento y suministrar medicamentos especialmente caros.
31 octubre, 2013 16:16Tras un año de conflicto con la Generalidad, las farmacias catalanas se han plantado. Cuando se cumplen doce meses de la huelga de farmacias para protestar contra los impagos de la Administración autonómica por los medicamentos recetados en el sistema público de salud, la situación no sólo no se ha normalizado, sino que la deuda pendiente no ha dejado de aumentar. Hasta el punto de que las farmacias advierten de que ya no pueden seguir adelantando ellas el precio íntegro de los medicamentos, y podrían ser los propios ciudadanos quienes se tuvieran que hacer cargo de ello. La Generalidad ha negado este último extremo, y ha anunciado un "circuito especial" para los medicamentos de coste elevado.
La alarma la dio este miércoles el presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases. En una rueda de prensa convocada de urgencia, anunció que, si la Generalidad no satisfacía los 416 euros millones de euros de deuda -correspondientes a cuatro meses impagados- antes del 5 de noviembre, las farmacias ya no podrían seguir financiando los medicamentos. Esto podría dar lugar a situaciones de desabastecimiento, o que los ciudadanos tuvieran que avanzar el 100% del coste de los medicamentos con receta.
El propio Dalmases ha insistido este jueves. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha lanzado la pelota al tejado de la Consejería de Salud, responsabilizándola de lo que pueda pasar en un futuro inmediato. El presidente de los farmacéuticos catalanes ha instado a la Generalidad a "dar la cara" y, si finalmente los ciudadanos tienen que asumir el coste de los medicamentos, no dejar que sean las farmacias quienes carguen con la responsabilidad de la decisión.
"No puede seguir escondiendo la cabeza bajo el ala"
El día anterior, Dalmases ya se había expresado en términos parecidos: "No pienso dar el gusto a aquel que tiene que tomar la decisión", dijo. "No puede seguir escondiendo la cabeza bajo el ala", añadió.
Y Salud ha respondido finalmente este jueves. En rueda de prensa, el director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Pedrosa, se ha mostrado confiado en que la Generalidad podrá pagar pronto parte de la deuda pendiente, y que no tendrá que tomar ninguna "medida excepcional" para garantizar el acceso a los medicamentos.
Sin embargo, ha anunciado que la Generalidad pondrá en marcha un "circuito especial" para suministrar medicamentos especialmente caros, en caso de que las farmacias no pudieran seguir asumiendo el coste. En estos casos, los ciudadanos serían redirigidos a una farmacia que sí que dispusiera de estos medicamentos, o incluso a un centro de salud.
Pedosa ha negado tajantemente que los ciudadanos vayan a tener que avanzar el 100% del coste de los medicamentos con receta. "Ni podemos ni queremos traspasar el coste de la totalidad del medicamento al ciudadano", ha dicho Pedrosa, precisando que ni la legislación lo permite ni la Consejería quiere que los ciudadanos asuman los problemas financieros del las administraciones.
Un conflicto que viene de lejos
El conflicto entre la Generalidad y las farmacias viene de lejos, y se ha ido deteriorando cada vez más en los últimos meses, sin interrupción. Ahora hace un año, las farmacias fueron a la huelga -por primera vez en doce años- para protestar por el impago de 180 millones.
En mayo del 2013, la situación había empeorado, y la deuda vencida de la Generalidad a las farmacias -sin contar los intereses- subía ya a 270 millones.
Hace sólo tres semanas, la deuda era de 310 millones, y las farmacias amenazaron con reclamar judicialmente a la Generalidad para que los compense por los intereses de los préstamos bancarios que han tenido que pedir debido a los impagos de la Administración autonómica.