Francesc de Carreras ha presentado, este martes en el Parlamento autonómico, su propuesta por la que se desencallaría el órdago presentado por los partidos nacionalistas en relación a la intención de convocar un referéndum de independencia.

Ante la Comisión de Estudio del Derecho a Decidir -en la que no participan ni PP ni Ciudadanos-, el catedrático de Derecho Constitucional en la UAB ya jubilado ha planteado la opción de llevar a cabo "una consulta" no vinculante jurídicamente pero sí "políticamente" en Cataluña a través del artículo 92 de la Constitución.

Si en esta consulta ganase el sí, Gobierno y Generalitat tendrían que sentarse a negociar la forma en la que se llevaría a cabo la secesión. Tras el acuerdo, se tendría que reformar la Constitución. De Carreras ha defendido esta opción, que sería una versión adaptada del modelo canadiense.

El "derecho a decidir" no existe

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, De Carreras -miembro del Consejo Editorial de Crónica Global - ha dejado claro que el llamado "derecho a decidir" no existe ni tiene cabida en los ordenamientos jurídicos nacional ni internacional.

Además, también ha señalado que desde Cataluña, como desde cualquier otra parte de España, no se puede invocar el "derecho a la autodeterminación" pues para ello es imprescindible que existan desigualdades en derechos cívicos en el territorio, una situación que no se da en España.

En este sentido, De Carreras, que ha acudido a la comisión a petición del PSC, ha insistido en varias ocasiones en distinguir entre soberanía (que recae en todo el pueblo español en su conjunto) y autonomía (que, derivada de la Constitución y en base a los distintos estatutos, ejercen las CCAA).

En esta línea, ha recordado que la Constitución es tan "legítima" como cualquier otra comparable de Europa y que en el texto constitucional se deja claro que "el poder constituyente sigue vivo" y "reside" en el pueblo español.

El artículo 92

Sin embargo, el catedrático ha planteado lo que desde su punto de vista sería una salida al embrollo propuesto por los partidos nacionalistas. Esta se basaría en utilizar el artículo 92 de la Carta Magna y permitir que se celebre una consulta en Cataluña, una consulta no vinculante, para conocer "el apoyo que puede tener la independencia" y que serviría "solo" para saber "la opinión de los catalanes, más allá de sondeos electorales y manifestaciones".

Para que esta consulta tuviera lugar legalmente, De Carreras ha señalado que habría que pactar unas condiciones previas (porcentaje de participación, porcentaje de aprobación, pregunta clara, posible negociación posterior...) y crear unas condiciones de "información" a la ciudadanía de las consecuencias del sí y del no. Unas condiciones que ahora mismo no se darían en Cataluña.

Tras esta consulta, y en caso de que ganase el sí cumpliendo las condiciones pactadas, el Gobierno y la Generalitat tendrían que sentarse a negociar. "Apliquemos los criterios de la doctrina canadiense, negociemos: activos y pasivos, las fronteras, las garantías por parte de Cataluña de que firmará todos los tratados internacionales de respeto a los DDHH...", ha añadido.

Si se llegase a un acuerdo entre las dos partes, sería necesario e imprescindible la reforma de la Constitución por el trámite largo, es decir, disolución de las Cortes Generales y elecciones, ratificación de las nuevas cámaras y referéndum a la ciudadanía.

"Un derecho te lo tiene que dar una ley"

Aun así, De Carreras ha defendido la Constitución ("no es una norma de transición"), un texto que ha dado "estabilidad" a España y ha suministrado "seguridad jurídica a los ciudadanos" y ha recordado que el texto aprobado en 1978 puede ser reformado.

Finalmente, ha descartado que cualquier acción unilateral, ya sea de la Generalitat o del Parlamento autonómico, y ya sea la de convocar un referéndum como la de declarar la independencia, pueda tener cabida legal no ya a nivel nacional sino más allá de las fronteras de España.

Y ha recordado que no hay ninguna constitución en el mundo -salvo la de Etiopía y la de dos islas del Caribe- que permitan "el derecho a la secesión [...], por algo será" y que "un derecho te lo tiene que dar una ley; si no hay ley, no hay derecho".