El Hospital Clínico, donde "consorcio público" no significa nada

Hasta que no se conozca, en principio el 5 de noviembre, la ley de acompañamiento del presupuesto, no se empezará a intentar saber cómo será regulado el Hospital Clínico de Barcelona (HCB). En todo caso, es seguro que perdurará la voluntad privatizadora, a pesar de que el Parlamento autonómico se manifestara a favor de que fuera un "consorcio público". Encarnan ferozmente aquella voluntad el consejero Ruiz y el director general del HCB, Josep Maria Piqué.

El pasado viernes, después de hacerles esperar prácticamente todo el día, el consejero Ruiz manifestó al patronato y al comité de empresa del Hospital Clínico que se cumpliría la resolución del legislativo autonómico.

Ahora bien, una vez más hay que destacar las continuas falacias de la Generalidad. Dicho claramente, con el nombre de "consorcio público" se puede dar algo parecido a lo que concibió George Orwell en su magnífica narración 1984, en la cual "guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza".

El concepto vacío de consorcio público

En efecto, en la legislación autonómica catalana no están regulados los consorcios públicos, como tampoco lo están en la española, excepto cuando afectan a entidades de régimen local. Cuando está afectado un ente local, en el conjunto de España se aplica la Ley de Bases de Régimen Local de abril de 1985, y en Cataluña la ley equivalente de 2003, que sigue los pasos de la norma estatal. En otros ámbitos no hay normas generales.

Aprovechándose del vacío legal, la Generalidad siempre ha intentado regular sus entes por sus propios estatutos. Detrás de esto no hay problemas teóricos ni filosóficos, sino querer sustraerlos de la Ley de Contratos del Estado, para irlas acercando a la mera contratación privada, donde está en juego sólo dinero que tiene un amo privado. He hablado de este tema capital en casi todos los artículos extensos que he escrito sobre sanidad. He dado nombres.

Creo que si personas físicas o jurídicas acudieran a los tribunales, la Generalidad perdería los pleitos. Pero de momento no hay ni registro de consorcios, mientras hay consorcios que crean otros consorcios, se da la ausencia de auditorías públicas, ni de gestión, sino externas y meramente contables. ¿Cómo sería un Estado basado en estas prácticas asumidas por CDC y veremos si también por ERC?

La contratación, tema clave

La contratación administrativa, como su nombre indica, afecta al dinero público. Por eso requiere una legislación, unas prácticas y unas sanciones mucho más claras e importantes.

Esto es lo que se rechaza desde la Generalidad como los vampiros, dicen, rechazan los ajos. Curiosamente, uno de los dirigentes que ha tomado una posición pública más descarada en contra de la aplicación del derecho administrativo en sanidad ha sido el antiguo consejero de Interior y también de Salud Xavier Pomés, hoy presidente del patronato del HCB.

Su rechazo a la intervención y a los interventores es muy conocido y quizás tan fuerte como el de la Ley de Procedimiento Administrativo. Si se miran los hechos ya revelados en el caso del Palau de la Música Catalana -nombre oficial reivindicado bajo el franquismo, mientras ahora se olvida "catalana"- se ve cómo un mecanismo privado podría ser usado para determinadas prácticas.

Que el HCB deje de ser un confuso "ente sanitario" (con legislación obsoleta de los años 50) para convertirse en un "consorcio público" no implica ninguna voluntad de la Generalidad de hacer aquello que sería clave. Lo que haría falta es situar al HCB en el marco del derecho administrativo, mucho mejor contra la corrupción, la arbitrariedad y el amiguismo.

Como he escrito mil veces, esta siempre ha sido la madre del cordero, es decir del dinero, en cuanto al destrozo en Cataluña de la sanidad pública.

Transferido pero no regulado

Transferido a la Generalidad en 2007, el HCB ha tenido directivos privatizadores, sobre todo desde la llegada a la Generalidad de CiU, y, al Clínico, de su actual director general, Josep Maria Piqué.

Sin formular ninguna precisión jurídica, Piqué ha sido un privatizador y también el creador de artificios organizativos que, de hecho, han creado una guardia pretoriana (y privilegiada) al servicio de su poder. Muchos de ellos tienen unos sueldos increíbles, en especial gracias a un ente privado, situado dentro del hospital público.

Aun así, desde 2007 el HCB forma parte de la XHUP (Red Hospitalaria de Utilización Pública, por sus siglas en catalán). Por lo tanto, recibe esencialmente enfermos del sistema público y dinero público. Todo ello es incomprensible. ¿Qué se diría si la Guardia Civil creara una empresa privada de seguridad? Por lo tanto, la comparación con el Clínico sería oportuna.

Curiosamente, otros hospitales comparables al HCB fueron también transferidos a los sistemas sanitarios de las autonomías. Todos ellos están, desde hace años, insertados totalmente en aquellos sistemas públicos. En cambio, el HCB, con un poder corporativo médico interno fuerte y muy cercano a CDC, había conseguido, primero, evitarlo y, después, en absoluta confabulación con CDC ser un caso extremo de la privatización sanitaria.

Se puso tanto el carro ante los bueyes que ahora calificarlo de "consorcio público" resulta realmente paradójico. Pero como ERC no entiende ni pizca de sanidad, ni de nada, se cree que habiendo impuesto la expresión citada resultará que la regresión que encarna el HCB pasará desapercibida. Así se evitaría que ERC pierda expectativa de voto, por los recortes, como le ha pasado a CDC.

¿Continuará o no Piqué?

Usar como nombre un tipo de ente público (consorcio) no regulado específicamente y utilizar el adjetivo "público" puede no querer decir nada. Hay que ver la composición del patronato, el nombre de las personas que lo formarán (quizás dentro de meses), sus estatutos y sobre todo cómo será el tipo de contratación que llevará a cabo. ¿Se moverá en el marco del derecho administrativo o del mercantil y del civil?

Además, nada de lo que pueda pasar en el Clínico será relevante si Piqué continúa como director general. ¿O qué nos creemos? Para entender cómo se ha llegado a aberraciones jurídicas hay que destacar que el proyecto de creación de un ente privado de gestión parecía marginar el procedimiento de concurso público. Se quería, ay Dios mío, que fuera de adjudicación directa, lo que hubiera sido de una total ilegalidad. Cuando se llega simplemente a poder concebir barbaridades de este tipo, todo es posible.

Ahora la definición jurídica del HCB pasará por la ley de acompañamiento del presupuesto autonómico, que no permite ningún debate serio. Si esta es la aportación "democrática" y progre de ERC, se lo podían haber ahorrado.

Finalmente, hace falta un recurso a la analogía, forma de razonamiento muy lícita en el ámbito jurídico. Resulta que el pasado 26 de septiembre hubo una reunión del consejo de administración del Hospital San Juan de Reus (Tarragona), la monstruosidad arquitectónica llevada a cabo por Josep Prat y la barbaridad económica del muy suyo holding Innova.

Caramba, el Clínico, modelo para Innova

La presidencia y gerencia del centro informaron de que se tomaría como "modelo de referencia" para "reordenar la actividad privada" la entidad Barnaclínic dependiente, cómo he informado varias veces, del HCB. Se recordó, en términos admirativos, que con NIF diferenciado Barnaclínic concentra la actividad privada del HCB.

Quizás Piqué y Ruiz todavía se enorgullecerán de que la chapuza más grande de Innova tome al Clínico por modelo. Realmente, pueden resultar ser personajes muy extraños.

Ahora bien, han engañado tanto y tantas veces que seguramente no tendrán bastante con el uso abusivo de la expresión, aquí jurídicamente vacía, de "consorcio público". Harán más juegos de manos, que, como todo el mundo sabe, son meras ilusiones ópticas.