La Generalidad considera que las denuncias de la Delegación del Gobierno contra varios ayuntamientos que, con dinero público, se han adherido a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) son de "poco sentido común" y de "una falta de respeto para los sentimientos" de Cataluña.
Joana Ortega (CiU), número dos del Gobierno autonómico, ha respondido así a una pregunta de Jordi Solé (ERC), alcalde de Caldes de Montbui (Barcelona) y diputado autonómico, que ha pedido amparo a la Generalidad para que esta administración ayude a los municipios denunciados.
Este miércoles, durante el pleno del Parlamento autonómico, la vicepresidenta de la Generalidad además ha vuelto a exigir la supresión de la Delegación del Gobierno, que dirige María de los Llanos de Luna (PP), en aras de "la racionalización de las administraciones".
"Libertad"
Para Ortega, la posibilidad de que los ayuntamientos se adhieran a la AMI, una entidad privada cuyo objetivo es la secesión de Cataluña, es una cuestión de "libertad" de los dirigentes locales que consideran que así se defienden los derechos de los ciudadanos.
La vicepresidenta autonómica y consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales ha confirmado que la Generalidad respetará "la autonomía local" y ha criticado que las denuncias de la Delegación se lleven a cabo ahora, en "un momento clave" por la mala situación económica del mundo local.
Solé, por su parte, ha indicado que los ayuntamientos denunciados se sienten "perseguidos" por una delegada que, en su opinión, entre el tiempo que dedica a "condecorar a fascistas", hace "el ridículo" y lleva a cabo una "ola de ataques" contra los municipios.