Mas infla su 'lista de agravios' a Cataluña

Los supuestos "agravios" del Gobierno hacia la Generalidad no son tales. Al menos, eso es lo que se deduce del esperado informe La deslealtad del Estado respecto a Cataluña que ha hecho público este martes el Ejecutivo autonómico.

El "balance de situación" presentado hace una "cuantificación de los incumplimientos del Gobierno central" con la Generalidad, que agrupa bajo el epígrafe "deslealtades y otros", y que ascendería a un "importe total" de 9.375,7 millones de euros.

Sin embargo, la mayor parte de esa supuesta deuda no se corresponden a obligaciones de pago de la Administración General del Estado.

La Disposición Adicional Tercera no es vinculante

Según el informe del Gobierno autonómico, la partida más importante de la lista de hipotéticos agravios son 5.748 millones de euros a los que, según la Generalidad, asciende la "inversión comprometida y no realizada, entre las que estaría el incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera" del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Lo que no recoge el documento es que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto, estableció que esa disposición -que plantea que las inversiones en infraestructuras por parte de la Administración General del Estado en Cataluña sean proporcionales al porcentaje del PIB de Cataluña respecto al total nacional- no es vinculante.

El resto de inversiones "comprometidas y no realizadas" corresponderían a infraestructuras planificadas y todavía no ejecutadas por el Ministerio de Fomento en las redes viarias y ferroviarias, sin que el informe entre en detalle.

La Ley de la Dependencia, un "agravio" para todas las CCAA

La segunda partida con más peso en la lista de "deslealtades" se refiere al "despliegue de la ley de la dependencia".

En concreto, cuantifica el "importe de la prestación para cuidadores no profesionales no cubierta con recursos del Estado acumulado entre 2008 y 2013" en 909,8 millones de euros.

Sin embargo, este recorte lo han padecido casi de forma proporcional todas las CCAA, a causa de la reducción de los Presupuestos Generales del Estado en ese período, lo que hace difícil que se pueda considerar como una "deslealtad del Estado respecto a Cataluña", tal y como lo presenta la Generalidad.

La triquiñuela del impuesto sobre los depósitos bancarios

El tercer capítulo por volumen en la lista de agravios son los 866 millones de euros que la Generalidad calcula que dejará de ingresar en 2013 por la suspensión del impuesto sobre los depósitos bancarios.

La jugada de Mas en este aspecto es obvia. En noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional sentenció que el impuesto sobre depósitos bancarios establecido por la Asamblea autonómica de Extremadura en 2012 era constitucional, en tanto en cuanto no existía otro impuesto similar a nivel nacional, en cuyo caso, este último prevalecería sobre el autonómico.

Tras conocerse la sentencia, y a la vista de que los gobiernos autonómicos de Andalucía y Canarias habían establecido un impuesto similar, y de que el de Asturias estaba iniciando los trámites para instaurar otro tributo en la misma línea, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió unificar de forma homogénea en toda España esta figura tributaria, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea.

Para ello, anunció que establecería de forma inmediata un impuesto nacional sobre depósitos bancarios con un tipo del 0%, que sustituiría al de las CCAA que ya lo tenían. Como marca la ley, eso supondría una pérdida de ingresos a esas CCAA, y deberían ser compensadas por el Gobierno en proporción a sus ingresos potenciales.

Tras conocerse la intención del Gobierno, la Generalidad aprobó con "carácter excepcional y urgente" un Decreto ley para implantar su propio "impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito" con carácter retroactivo de unas semanas, y unos días antes de la entrada en vigor del impuesto del Gobierno.

El objetivo de la Generalidad era obvio: poder reclamar posteriormente una compensación por su supresión. Una compensación que, tal y como aparece en la lista de agravios presentada este martes, ascendería los 866 millones de euros citados.

9.375,7 millones, una nueva cifra para el imaginario nacionalista

Únicamente las tres partidas anteriormente detalladas suman 7.523,8 de los 9.375,7 millones reclamados, esto es, el 80,2% del supuesto agravio "respecto a Cataluña".

A esto habría que añadir una larga lista de capítulos menores, como los 198 millones de euros en que la Generalidad ha cuantificado el decremento de ingresos que le supondrá este 2013 la suspensión de la tasa farmacéutica (conocida como "euro por receta") tras el recurso presentado por el Gobierno. Una actitud que el propio Ejecutivo también ha tenido con el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, cuyo "euro por receta" también fue suspendido por el Tribunal Constitucional tras ser recurrido por el Gobierno sin que se haya considerado un agravio hacia sus ciudadanos.

Por otra parte, el informe utiliza un criterio muy particular para valorar la incidencia de las normas nacionales en los presupuestos de la Generalidad. En concreto, toma como referencia un estudio encargado hace años por el Gobierno autonómico que concluía que, entre 2001 y 2005, el sobrecoste "equivalía a un 5% del presupuesto consolidado [de la Generalidad] de cada ejercicio".

Habida cuenta de que el presupuesto consolidado de la Generalidad en 2012 fue de 37.025 millones de euros, y extrapolando la conclusión del estudio sobre el período 2001-2005, el informe de agravios deduce que en 2012 "el coste de la lealtad institucional" para la Generalidad fue de 1.851,2 millones de euros.

Así, mediante estas argucias político-contables, la Generalidad alcanza la cifra de 9.375,7 millones de euros. Una cifra que, sin duda, el Gobierno autonómico pretende añadir a los ya míticos 16.000 millones de euros del supuesto déficit fiscal que, pese a no ser ciertos, ya forman parte del imaginario nacionalista.