Según ha explicado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, flanqueada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "en la lucha contra el fraude fiscal se ingresó más de 16.500 millones euros, y la lucha contra el empleo irregular y el fraude en la Seguridad Social supuso un ahorro de 6.152 millones euros".
En este último concepto, se incluyen unos 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por prestaciones por desempleo indebidas. Que según ha dicho Sáenz de Santamaría, con cifras hinchadas, percibían más de medio millón de falsos parados:
"Se han realizado investigaciones y comprobaciones [en el último año y medio] que han afectado a 520.572 personas, es decir a más de medio millón de perceptores indebidos de prestaciones por desempleo, y han permitido ahorrar 3.161 millones de euros".
La cifra sorprende por su magnitud. Representa que, de ser cierta, alrededor de un 20% de los perceptores de prestaciones de desempleo estaban defraudando a la Seguridad Social.
Cifras hinchadas
Sin embargo, según ha revelado posteriormente el diario El País, a partir de explicaciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la inmensa mayoría de este medio millón de parados a que se refería la vicepresidenta "se les ha retirado la prestación un mes por problemas administrativos, como por ejemplo no acudir a una cita prevista o no tener alguna documentación".
De hecho, con las cifras de este ejercicio, las cantidades también són muy diferentes: 60.000 parados han perdido su prestación y otras 120.000 han tenido suspensiones temporales.
Se endurecerán las sanciones por rechazar ofertas
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las sanciones a los parados que cobren la prestación por desempleo y rechacen ofertas de trabajo.
Actualmente la primera vez que un desempleado rechaza una oferta de empleo -adecuada-, se le sanciona con la suspensión de la prestación durante tres meses. La segunda vez, la suspensión es de seis meses, y la tercera es definitiva.
Sáenz de Santamaría no ha explicado en qué consistirá este endurecimiento, y se ha limitado a decir que se "reforzarán las consecuencias" para los parados que rechacen ofertas de empleo. Estas sanciones se articularán en una futura nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que el Gobierno espera tener lista el próximo año.
La vicepresidenta aun ha alardeado de otra cifra más, aunque, esta vez, a base de cálculos más indirectos. Ha asegurado que el "patrimonio aflorado" por "declaraciones extraordinarias de bienes en el extranjero" ha provocado un "ensanchamiento de las bases imponibles" en unos 40.000 euros. Una cantidad que no se puede computar como ingresos, pero que, según calcula el Gobierno, contribuirá también a aumentar la recaudación, cuando sea gravada por los correspondientes impuestos.